Unidades de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y Migración Colombia ocuparon 29 inmuebles, entre urbanos y establecimientos de comercio, presuntamente, parte del patrimonio ilícito de estructuras ilegales dedicadas a captar a mujeres jóvenes con necesidades económicas y menores para inducirlos a la prostitución.
Según la Fiscalía, muchas de las víctimas eran ciudadanas venezolanas, varias menores, quienes eran sometidas a diferentes vejámenes como sostener relaciones sexuales con hombres y mujeres, soportar extensas jornadas de trabajo, y consumir sustancias alucinógenas. Además, se pudo constatar que les retenían el dinero que recibían.
Los bienes afectados con medidas cautelares están ubicados en Sabanalarga (Atlántico); Bello y Medellín (Antioquia); San José del Guaviare (Guaviare), y en las localidades de Mártires y Teusaquillo en Bogotá. El valor de las propiedades fue calculado preliminarmente en más de 15.400 millones de pesos.
La declaración entregada por una ciudadana venezolana fue determinante para que la Fiscalía adelantara acciones contra las finanzas ilegales de una red de trata de personas que delinquía en Sabanalarga (Atlántico). La víctima narró cómo dos colombianas llegaron a Venezuela para contactar a mujeres con dificultades económicas.
La testigo, una madre de dos menores de edad, uno de 2 años y otro de 9 meses de nacido, señaló que a ella le ofrecieron trabajar como empleada doméstica en Sabanalarga y allí llegó con sus pequeños. El sueldo pactado inicialmente fue de 300.000 pesos, pero una vez en Colombia le informaron que debía pagar a la organización 6 millones de pesos por los gastos de traslado al país. Por este caso, la Fiscalía afectó cuatro inmuebles donde al parecer se cumplían las actividades ilegales.
