El Inspector Noveno de Policía Urbana, Augusto Amaya, ordenó el acompañamiento policial a la médica pediatra, Dalila Peñaranda, y a su empleada doméstica Carmen Pérez, víctimas de la agresión en el condominio La Ría.
De igual forma se ordenó a la empresa de vigilancia el cambio de los vigilantes que no acataron el reglamento interno del edificio y en mutuo acuerdo entre el propietario del apartamento y los inquilinos se estipuló un plazo de 30 días para desocupar el inmueble.
La decisión se adoptó en la Audiencia de Proceso Urbano Abreviado, llevada a cabo este jueves en la inspección Novena de Policía Urbana, donde comparecieron Glennys Blanco, administradora del edificio La Ría; Martin Parra, arrendatario del apartamento en el que se celebró la llamada “Covid-fiesta”; y el propietario del apartamento, indicó el Inspector Augusto Amaya.
Señaló el inspector que una de las fallas en las que incurrió la administración de La Ría fue haber interpuesto una querella por hechos anteriores en la oficina de control urbano y no en la misma inspección.
Indicó que la mayoría de las personas a quienes las autoridades les impusieron el comparendo, ya cancelaron la respectiva sanción.