La Procuraduría General de la Nación solicitó acciones urgentes a las secretarías de Gobierno y Salud por las recientes intoxicaciones ocurridas en Barranquilla, tras el consumo de un aparente licor adulterado distribuido en botellas de agua, que hasta el momento hasta ese momento había dejado 11 muertos y tres personas más hospitalizadas.
Las entidades destinatarias de la comunicación deben entregar informes sobre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis: controles realizados y acciones para identificar y judicializar a los responsables con el fin de detener la producción y venta de bebidas adulteradas.
El órgano de control también exigió reportes sobre vigilancia a los establecimientos abiertos al público y el decomiso en puntos de venta de alcohol, así como las estrategias de prevención ciudadana y de pedagogía para advertir riesgos y prevenir nuevas víctimas.
Adicionalmente, propuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado, orientado a la búsqueda de estrategias conjuntas para proteger la vida y la salud de los barranquilleros.