La Procuraduría General de la Nacional reafirmó todas sus advertencia y preocupaciones respecto a la contratación de un “operador sanitario” para el Hospital Cari de alta complejidad y ratificó su llamado sobre la responsabilidad que tendrían los funcionarios que aprueben dicho proceso.
El nuevo pronunciamiento del Ministerio Público, conocido por Emisora Atlántico y Zona Cero.com, está contenido en un documento de 19 páginas, con fecha 29 de noviembre, que el procurador delegado, Gelman Rodríguez, remitió al gerente Ulahy Beltrán López, quien había respondido los cuestionamientos hechos en octubre a la Convocatoria 001 de 2019.
Tras señalar que las respuestas del gerente del Cari “no desvirtúan las observaciones” de este organismo de control, Rodríguez ratifica los señalamientos iniciales “en el sentido de que resultan precarias, incompletas, injustificadas y ambiguas las condiciones de participación establecidas en los Términos de Condiciones del proceso de contratación”, y enfatiza: “(…) lo que, al parecer, lleva a quebrantar los principios de planeación, transparencia, selección objetiva y libre concurrencia de oferentes, que no posibilita cumplir con el deber y principio de selección objetiva”.
La Procuraduría insiste en que de llevarse a cabo la contratación “derivaría en un riesgo disciplinario, penal y fiscal y de la garantía de la prestación de servicios de salud a la población”.
“Corresponde a esta delegada advertir que podría verse afectada la validez de las actuaciones adelantadas por el HU Cari ESE (…), así como el acto de adjudicación, e incluso el mismo contrato que eventualmente llegare a suscribir, por el hecho de no garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, los cuales está en el deber legal de acatar y honrar estrictamente”.
El procurador Rodríguez reafirma que como a la administración del Cari le está “prohibido eludir” los principios que orientan la función administrativa y la contratación estatal en el proceso de selección que adelanta, insta a sus directivos a adoptar las decisiones que impidan que se adjudique un proceso que viole dichos principios.
A juicio de Rodríguez, una posible adjudicación “podría generar la nulidad” del contrato y “podrían implicar diferentes responsabilidades para quienes hayan participado en cada una de las etapas del proceso”.
En su respuesta al gerente Ulahy Beltrán, el Ministerio Público reafirma que sus actuaciones “buscan proteger el ordenamiento jurídico, salvaguardar los recursos públicos y también evaluar la comisión de faltas disciplinarias por parte de los vigilados”.
Twitter: @JoseGranadosF
