El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, anunció la suspensión del traslado a cárceles de Barranquilla de peligrosos cabecillas de grupos armados organizados, tras el rechazo expreso del alcalde Alejandro Char, el gobernador Eduardo Verano y una ola de críticas de gremios y transportadores.
La medida cobijaba a Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, cabecilla de ‘Los Costeños’; Digno Palomino, de ‘Los Pepes’; y Ober Ricardo Martínez, alias ‘el Negro Ober’, de ‘Rastrojos Costeños’, considerados responsables de graves hechos de violencia y extorsión en la región Caribe. El alto funcionario reconoció que hubo falta de articulación con las autoridades territoriales antes de anunciar los traslados.
Idárraga recordó que el Gobierno nacional ha tomado decisiones complejas en el marco de la llamada ‘paz urbana’, señalando que los diálogos adelantados con estructuras criminales permitieron, según cifras del Ministerio de Defensa, una reducción del 57 % en los homicidios y del 84 % en la extorsión a finales de 2025. No obstante, admitió que el traslado de estos reclusos generó preocupación legítima en los territorios.
El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue enfático en rechazar la medida y aseguró que no se tuvo en cuenta el dolor de las víctimas. “El traslado de criminales como Digno, Castor y el ‘Negro Ober’ a cárceles sin condiciones de seguridad ignora el sufrimiento de las personas afectadas por la extorsión y la violencia”, afirmó. El mandatario recordó que el Distrito ha invertido más de 150.000 millones de pesos en seguridad y advirtió que cualquier consecuencia derivada de estos traslados sería responsabilidad del manejo de la política de ‘paz urbana’.
Char anunció, además, la convocatoria a una reunión urgente con entes de control, gremios, academia, la Gobernación del Atlántico y el Ministerio Público, para analizar los riesgos en materia de seguridad y la protección de las víctimas.
Por su parte, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa solicitó la intervención inmediata de la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, y pidió información clara sobre los criterios utilizados para definir los traslados. El mandatario departamental advirtió que la llegada de estos cabecillas a Barranquilla podría recrudecer la violencia y exigió acompañamiento institucional para las víctimas de las estructuras criminales.
