Pese a la expedición de una resolución de expulsión, violatoria del derecho constitucional y fundamental al debido proceso, y de la persecución desatada en su contra, Alberto Ortiz Saldarriaga declaró que figura ya en el Tarjetón bajo el número 106 y que está habilitado para participar en las elecciones de la ADEA, el próximo miércoles 31 de julio, en tanto la medida adoptada en su contra no está ejecutoriada y/o en firme por lo que aún no produce efecto jurídico alguno.
Luego de solicitar una serie de aclaraciones a la sanción, Ortiz anunció que no solo presentará recursos contra la misma, sino que impetrará denuncia penal contra los 7 directivos de ADEA que, en abierta oposición y violación a normas constitucionales y legales, pretendieron afectarlo a través de lo que calificó como una auténtica leguleyada.
Sobre este tema, Alberto Ortiz llamó la atención de los afiliados de ADEA señalando que lo que este 31 de julio se juega no es una elección más. “La elección debe constituirse en un Plebiscito a través del cual las bases del magisterio le digan NO a los viejos actores y a las viejas formas de sindicalismo. No se puede permitir más que el sindicalismo se siga concibiendo como una manera de llegar a la edad de pensión sin trabajar” señaló el dirigente gremial.
“ADEA no puede seguir siendo percibido como el sindicato en el que unas mayorías se constituyen para aplastar minorías; o una institución que expulsa directivos y afiliados o que, paradójicamente, persigue y despide trabajadores, como lo acaba de denunciar a través de 2 videos la abogada Aura Márquez, en demandas que le han costado a la ADEA más de 700 millones de pesos.
A propósito de esto, Ortiz aclaró que él no hacía aún parte del sindicato cuando la dra. Aura Márquez fue contratada por Medardo Drago (Hoy con 1 directiva y 1 aspirante a serlo) y luego despedida por LUIS GRIMALDO. Es claro en el video que Márquez responsabiliza directamente de su persecución y despido a Grimaldo (con 1 directiva y 2 aspirantes a serlo); a Henry Rada, Carlos Noriega y Agustín Peña (directivos activos y candidatos todos) como también a la actual presidente de ADEA, Marinelda Salas.
En lo que a mí respecta, como presidente, recibí en julio 28 de 2023 una solicitud de conciliación de la dra. Márquez que llevé al seno de Junta Directiva Ordinaria en Agosto 17 de 2023, donde quienes “conocían” el caso efectuaron consideraciones con fundamento en las cuáles, democráticamente la Junta decidió no acceder a la petición de conciliación, como puede constatarse en el Acta 026.
En el mismo sentido, Ortiz Saldarriaga dijo que en marzo 12 de 2024, como consta en Acta 006, fue facultado por la Junta para explorar salidas jurídicas a las demandas, lo cual no pudo llevar a cabo, pues 10 días después (marzo 22/24) fue removido de su cargo por una nueva mayoría tras advertir en su momento, entre otras cosas, que el sindicato no podía estar “… pagando… por demandas de trabajadores” y que debería existir una forma o especie de repetición contra los directivos responsables de ese detrimento patrimonial.
Sobre este particular, Ortiz denunció como un hecho muy grave que la actual presidente y representante legal de ADEA hubiese conciliado una demanda de 178 millones con uno de los extrabajadores, sin que existiese partida presupuestal para ello y sin estar facultada para proceder como lo atestigua el propio Acuerdo Conciliatorio en que puede leerse:
“… la Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico, organismo competente para entregarme facultades mediante acta de junta de fecha 12 de marzo del año 2024, confirió al presidente de turno, la facultad para conciliar, entendiendo que es una posible alternativa a la solución del litigio…”
En idéntico sentido, Ortiz calificó como “falsos los argumentos esgrimidos en un video que 5 directivos hicieron circular el pasado viernes, tratando de justificar su expulsión. En ejercicio de mi derecho de defensa me corresponde publicar el audio de la parte pertinente de la Junta Directiva del pasado miércoles 24 de julio en el que en palabras de la propia presidente de ADEA quedan en evidencia las verdaderas causas o motivaciones de la Junta”.
Según precisó, «una vez fue sometida a consideración la resolución de expulsión, la presidenta sustentó que se siente amenazada a raíz de los señalamientos que desde el pasado mes de mayo vengo haciendo sobre la mala implementación del modelo de salud y la posición asumida por la mayoría de la junta directiva, dejando claro que se trata una represalia por mi postura crítica», puntualizó.
