El problema del robo de playas y terrenos de bajamar por parte de particulares en el Atlántico es más grave de lo que se creía. La Capitanía de Puerto acaba de culminar el censo de los terrenos del estado ocupados por privados a lo largo de toda la costa y arroja que son miles de hectáreas usurpadas y privatizadas.
El informe de la Dimar identificó a corte de diciembre del 2017, 3.533 predios ocupados y escriturados por parte de particulares, pero que son terrenos de la Nación por ser de playa o de bajamar. La mayoría de los casos, cerca de 1.500, están en la ciénaga de Mallorquín y el resto en la zona de playas de Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta y Piojó.
El capitán de fragata Germán Escobar Olaya, anunció que la Fiscalía, Procuraduría, el Igac, Instrumentos Públicos tienen en su poder el informe y deberán actuar cada ente en su competencia. La recuperación de los terrenos ocupados se iniciará el segundo semestre de este año, pero serán las alcaldías las que tendrán la obligación de realizar los procesos.
El fenómeno de robo de terrenos públicos de playa y bajamar en el Atlántico se disparó en los últimos años por el gran valor que tiene el M2 de tierra en esas zonas, y amparado por el accionar una sofisticada red de corrupción conformada por funcionarios públicos que incluye a ex alcaldes, concejales, inspectores de policía y notarios entre otros.
