“No puede desaprovechar esta oportunidad, es un buen negocio” o “Tranquilo que tengo los contactos para que la propiedad sea suya por este bajo precio, pero hay que pagar pronto”.
Con frases como estas estafadores han intentado timar a familias barranquilleras presentándose como vendedores de lotes, casas, apartamentos o fincas incautadas a narcotraficantes en Barranquilla y poblaciones del Atlántico como Galapa.
Una investigación periodística de Atlántico en Noticias y Zona Cero dejó al descubierto que entre 2015 y 2016 fueron ocho los intentos de estafas millonarias. Así lo confirmó la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que hoy administra en el Atlántico, incluida su capital, 49 inmuebles rurales y 723 urbanos que recibió el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO, al reemplazar a la Dirección Nacional de Estupefacientes que fue liquidada porque se convirtió en botín de malos manejos administrativos y financieros de parte de depositarios y congresistas.
Una de las propiedades usadas para intentar las estafas es el lote enmontado que está en la esquina de la carrera 51B con calle 100, barrio Villa Santos, apetecido desde el punto de vista comercial por su ubicación al norte de Barranquilla.
En este inmueble la Sociedad de Activos Especiales se vio obligada a instalar un par de vallas luego de que “varias personas”, potenciales víctimas de los estafadores, llamaron preguntando por su venta. De acuerdo con denuncias conocidas por Atlántico en Noticias y Zona Cero, el lote, conformado por cuatro propiedades con matrículas inmobiliarias independientes, estaba siendo ofrecido por 2.000 millones de pesos, cuando su valor en el mercado puede superar los 4.000 millones, de acuerdo con el concepto de un experimentado y respetado empresario del sector inmobiliario consultado al respecto.
Ante estos hechos, una de las preguntas es ¿cómo opera la red delictiva? Para hacer creíble la estafa, utilizan resoluciones falsas a nombre de la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de las cuales otorgan la posesión del bien ofrecido en venta; igualmente falsifican documentos de la Fiscalía General en los que ordenan levantar las medidas cautelares del inmueble a fin de facilitar la inscripción de la venta ante la Oficina de Instrumentos Públicos. De hecho lo lograron en, al menos, uno de los ocho casos en los que intentaron cometer una de las estafas, pero el negocio fue reversado tras descubrirse que era ilegal.
La Sociedad de Activos Especiales también confirmó que en Barranquilla personas que tenían información de bienes administrados por esta entidad los han “ofrecido sistemáticamente” en venta, es decir lo han hecho en repetidas ocasiones. En respuesta a un cuestionario que les fue enviado, la SAE reveló que los estafadores “pedían el 30% del valor de los bienes” para que lo consignaran en cuentas personales o lo pagaran en efectivo.
Los intentos de estafa han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía General, informó desde Bogotá la Sociedad de Activos Especiales y dijo que espera que las investigaciones arrojen sus primeros resultados. Señaló que no podía identificar puntualmente cada caso documentado por ellos en aras de preservar el éxito de las indagaciones penales.
Además de las tentativas de estafa en Barranquilla, la entidad responsable de manejar los activos incautados a la mafia detectó que en Cartagena y el municipio bolivarense de Turbaco también han intentado levantar medidas cautelares que pesan sobre varios narcoinmuebles, con el mismo propósito: estafar a incautos compradores.
