El departamento del Atlántico se prepara para implementar el programa Seguimiento Judicial al Tratamiento de Drogas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), iniciativa del Ministerio de Justicia y del Derecho que, con resultados positivos, se realiza desde hace dos años en la ciudad de Medellín.
El programa está dirigido a los jóvenes que, como consecuencia del consumo de sustancias psicoactivas, cometen conductas delictivas. En articulación con las entidades involucradas en el proceso son incluidos en un tratamiento de rehabilitación integral para que puedan reintegrarse a la sociedad en las mejores condiciones y con un proyecto de vida.
El subsecretario de Participación Ciudadana, Edgardo Mendoza, explicó que en una acción coordinada entre Minjusticia, el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los entes territoriales, se trabaja en esta alternativa, dirigida a la población de 14 a 18 años de edad inmersa en SRPA.
“El propósito no es buscarle más penas privativas de la libertad a los menores de 18 años, se busca que no reincidan en la comisión de delitos y salgan del problema de la droga”, indicó Mendoza.
CAPACITACIÓN
Mendoza manifestó que con el acompañamiento del Ministerio de Justicia se dio inicio a la formación de jueces, fiscales y Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB).
“La idea es que todas las entidades que hacen parte del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes interactúen y conozcan cuáles son los beneficios de este programa. Desde ya comenzamos a trabajar en su implementación y esperamos que en seis meses todos los actores del proceso estén completamente articulados”, sostuvo el funcionario.
De esta manera, Atlántico se convertirá en el primer departamento de la Región Caribe y el segundo del país en implementar este programa para el beneficio de la población objetivo.
CONCEPTO DE LA FISCALÍA
La directora seccional de Fiscalías, Ángela Bedoya, afirmó que esa institución ve con buenos ojos la implementación de este programa en el departamento del Atlántico.
“Su relevancia radica en que podemos hacer un seguimiento, desde lo judicial, al tratamiento de rehabilitación de los menores infractores que cometen conductas delictivas asociadas al consumo de la droga y poder reintegrarlos a la sociedad con un cambio sustancial en sus vidas”, expresó Bedoya.
Agregó que este programa es una alternativa a esa privación de la libertad bajo la voluntad del menor de someterse al tratamiento. “
Corresponde a la Fiscalía, a las EPS y a las IPS ejercer una vigilancia constante de la voluntariedad del menor, que el tratamiento se esté realizando en la debida forma y que nosotros podamos, una vez vinculado al tratamiento, poder suspender la acción penal bajo la figura del principio de oportunidad por suspensión de un periodo a prueba”, destacó.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
- Garantizar y evitar la reincidencia en el delito por el consumo problemático de sustancias alucinógenas.
- Lograr que el menor acepte su responsabilidad por la conducta delictiva e incentivar la participación del tejido social quebrantado por el delito mediante la participación de los adolescentes y sus familias en iniciativas de justicia restaurativa.
- Vincular al menor a un tratamiento para reducir o erradicar el consumo de sustancias psicoactivas.
- Apoyar a los adolescentes en la construcción de proyectos de vida que incentiven conductas alejadas del delito fomentando su inclusión social, educativa, productiva y cultural.
