El abogado Juan Barrero informó que durante la segunda audiencia en el marco del proceso de deslinde entre Puerto Colombia y Barranquilla, la Alcaldía Distrital manifestó que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no tiene competencia para adelantar dicho procedimiento.
Recordó que fue el propio Distrito el que solicitó la intervención del IGAC en el mes de febrero. No obstante, señaló que el día anterior a la diligencia, la Alcaldía presentó un escrito en el que solicitó la suspensión de la audiencia.
“En nuestro caso, Puerto Colombia se presentó con las pruebas para trazar la línea divisoria”, manifestó el abogado Barrero.
Abogado del Distrito insiste en que el Congreso debe definir los límites
El exmagistrado Alberto Yepes, apoderado del Distrito de Barranquilla en el litigio con el municipio de Puerto Colombia, afirmó que es el Congreso de la República el órgano competente para definir los límites entre ambos entes territoriales.
Señaló que en 2009 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizó un estudio técnico, el cual debe ser tenido en cuenta por el Congreso para concretar el deslinde.
Yepes recordó que en 2013, mediante una ley, se estableció que el Congreso de la República es la corporación encargada de adelantar este tipo de procesos.
Finalmente, el abogado Wilton Molina Siado afirmó que, cuando existe un conflicto territorial entre un municipio y un distrito, este debe ser resuelto por la Comisión de Seguimiento Territorial del Gobierno, la cual debe emitir un concepto vinculante que sirva de base para que el Congreso de la República tramite las reformas correspondientes.
En ese sentido, expresó estar de acuerdo con la posición del Distrito de Barranquilla, según la cual el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no es la entidad competente para intervenir en este tipo de controversias.
“Es Puerto Colombia el que debe asumir el desgaste jurídico, porque el Consejo de Estado emitió un fallo que reconoce derechos al Distrito de Barranquilla sobre el corredor universitario”, sostuvo Molina, quien fue el encargado de presentar la demanda contra la ordenanza de la Asamblea del Atlántico relacionada con los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia.
