La Contraloría General de la República, CGR, valoró como “ineficaz” la gestión del Ministerio de Minas y Electricaribe en el manejo del Programa de Normalización de Redes Eléctricas, PRONE, y del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales, FAER.
En estos dos programas las metas “no se han cumplido” pese a que el Gobierno Nacional destinó, entre 2008 y 2014, la no despreciable suma de 445 mil millones de pesos, en busca de mejorar el servicio eléctrico a 248 mil usuarios de zonas subnormales de la Región Caribe.
La poco honrosa calificación surge en medio de la disputa jurídica que la multinacional Gas Natural Fenosa emprendió contra el Estado colombiano a través de una demanda que interpuso, hace dos semanas, ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. La compañía ibérica, dueña de Electricaribe, reclama más de 1.000 millones de dólares por la liquidación de la cuestionada empresa eléctrica que desde 1998 opera en la Costa.
Atlántico en Noticias y Zona Cero conocieron en exclusiva el resultado de la Auditoría de Desempeño que a finales de febrero envió la CGR al Ministro de Minas, Germán Arce Zapata, y al Agente Especial para la Intervención de Electricaribe, Javier Lastra Fuscaldo.
En cuanto al PRONE, cuyo objetivo era normalizar a 160 mil usuarios, a través de 583 proyectos por 346 mil millones de pesos, los auditores encontraron que fueron contratadas empresas pese a su incumplimiento en otros proyectos de este mismo programa; también hallaron debilidades en la supervisión de la millonaria inversión y falta de una adecuada socialización de las obras de normalización, tanto que las comunidades beneficiadas desconocen que esta inversión la paga el Gobierno Nacional con el dinero de todos los colombianos.
SIN NORMAS TÉCNICAS
Un hallazgo revelador de la auditoría es que en la Costa hay 106 proyectos PRONE que pese a estar funcionando hace 2 años “no cuentan” con la certificación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RITIE.
Al respecto, la Contraloría concluyó: “(…) existen proyectos en operación sin medidas (técnicas) que garanticen la seguridad de las personas, la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente”; y sostiene que estas fallas conllevan a que “se presenten situaciones de riesgo para la comunidad” al no contarse con la debida certificación generada por el incumplimiento de dichas normas.
RAJADA LA INTERVENTORÍA
A la falta de supervisión del MinMinas, entidad que según el organismo auditor solo se interesó en hacer las convocatorias y en girar los millonarios recursos públicos, se suma que los auditores rajaron la labor de la interventoría del PRONE.
En el estudio no identifican la firma contratada que también, según la evaluación, ha sido ineficaz, lo que se constituye en una especie de perfecta ineficiencia contra la normalización del servicio de energía en barrios subnormales costeños.
La Contraloría cuestiona que Electricaribe no tenía retroalimentación con los informes de interventoría, tanto que nunca observó que carecían de detalles y explicaciones sobre los avances de las obras. Es decir, la interventoría no cumplió el contrato sin objeciones de la compañía eléctrica.
DEMORAS EN EL PROCESO
Otra ineficiencia atribuida al Ministerio de Minas en cuanto al PRONE tiene que ver con las demoras para las convocatorias, aprobar los proyectos y girar los recursos, pese a la urgente necesidad de estas obras.
En el caso de Electricaribe las demoras se presentaron en la suscripción de los contratos con terceros. Por ejemplo, 50 contratos fueron firmados más de un año después de ser aprobados los, proyectos –demoras de entre 381 a 414 días–, lo que afectó los términos de la contratación y hasta el diseño de los proyectos.
Por todo lo anterior la Contraloría General concluyó que el PRONE “no logró la meta”, tanto que 55 mil de los 160 mil usuarios tomados como objetivo están sin normalizar o legalizar. Y advierte que hoy, por el contrario, este problema ha crecido.
SIN SOCIALIZACIÓN
Para esta auditoría, dirigida a diseñar un Plan de Mejoramiento sin que tenga carácter sancionatorio fiscal, la CGR también trabajó por primera vez en terreno con las comunidades. En estas escogió 10 proyectos del PRONE, 5 exitosos (Boulevard, en Baranoa, Atlántico; Alto Prado, en Becerríl, Cesar; El Bosque, en Sincé, Sucre; Galerazamba, en Santa Catalina, Bolívar, y Villa Nazareth, en Tolú, Sucre) y 5 no exitosos (Nueva Esperanza, en Magangué, Bolívar; Los Cerezos, en Riohacha, La Guajira; Santa Inés, en Ciénaga, Magdalena; Villa Nurys, en Codazzi, Cesar; y Villa Katanga, en Soledad, Atlántico).
Allí aplicaron 241 encuesta, cara a cara, para explorar el nivel de conocimiento de las comunidades, conocer la percepción en cuento a ventajas y desventajas del programa y realizaron un sondeo sobre los hábitos de pago.
Las respuestas confirmaron que no existe cultura de pago en los sectores sin normalización eléctrica; que la gente rechaza este beneficio incluso sin tener mayor conocimiento de los objetivos del PRONE y que parte de estas dificultades surgen porque Electricaribe no cumplió con dar a conocer permanentemente las metas de este programa tal como lo acordó con el Ministerio.
Sobre el FAER, destinado a beneficiar a 87.466 costeños a través de 53 proyectos con inversión de 99 mil millones de pesos, la Contraloría concluyó que los problemas existentes se relacionan con la falta de gestión de alcaldes costeños en cuanto a conseguir los predios y asegurar las servidumbres para los trabajos de normalización de las redes eléctricas.
