Luego de dos años de intenso litigio, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado coordinó la presentación de una contundente estrategia de defensa durante la audiencia, en dos de los más importantes arbitrajes de inversión iniciados en contra de Colombia: Casos de América Móvil y Gas Natural Fenosa (hoy Naturgy).
Entre el 5 y el 13 de diciembre se llevó a cabo la audiencia en el arbitraje de inversión iniciado por Gas Natural en las instalaciones del CIADI, en Washington D.C. ya que en junio de 2018, Gas Natural reclama a Colombia pretensiones por 1.547 millones de dólares, con fundamento en el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
Los reclamos de Gas Natural por su inversión en Electricaribe incluyen supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas; principio de trato nacional y expropiación.
Durante la audiencia el equipo de defensa de Colombia se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera, que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los 7 departamentos de la Costa Caribe.
Colombia demostró que fue necesario intervenir a Electricaribe, para garantizar el suministro de electricidad en la Región Caribe y prevenir que se desarrollara una crisis financiera en el sector de energía eléctrica en Colombia. La intervención de Electricaribe no fue un acto político y no constituye una expropiación, como alega Gas Natural.
Ante la precaria situación financiera de Electricaribe por una decisión de negocio de Gas Natural, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó, a finales del año pasado, una contrademanda en contra de Gas Natural por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe. La contrademanda tiene un valor estimado de la reclamación de Colombia a los 1,7 billones de pesos, incluyendo intereses.
