De politiquera, costosa e ineficiente califica el representante de los docentes en el Consejo Superior, Roberto Figueroa Molina, la excesiva contratación a través de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), por arte de la actual Rectora (e), Rafaela Vos Obeso, en la universidad del Atlántico.
Figueroa Molina cuestionó fuertemente la altísima contratación de OPS durante la última sesión del Consejo, en la que solicitó al presidente, Eduardo Verano De la Rosa, que ordene una investigación al respecto por parte de la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación.
En la sesión hizo un análisis de la contratación a julio de este año con el propósito que la administración aclare la misma ante esa instancia y la comunidad universitaria y “demostrar que el modelo universitario de rectoría interina, como el existente en la Universidad, solo es posible mediante el clientelismo laboral a través de la figura de contratación de OPS”.
En concreto denunció la existencia de 543 contratos de OPS por 12.545 millones 204 mil 976 pesos al año, lo que equivale a 1.045 millones 433 mil 747 pesos mensuales.
Actualmente, la Universidad cuenta con 800 personas con funciones administrativas, de las cuales 176 corresponden a Carrera y provisionales (22%), 81 son reintegrados (10%) y 543 son contratistas (68%).
Según lo señalado por Figueroa Molina, de los 543 contratistas, 232 (15%) están en el rango entre 1 y 20 millones; 258 (58%) entre 20 y 40 millones; 29 (11%) entre 40 y 60 millones; 12 (7%) entre 60 y 80 millones; 10 (7%) entre 80 y 100 millones y 2 (2%) que superan los $100 millones.
Los 543 contratistas se encuentran vinculados a las siguientes dependencias: 59 en Vicerrectoría Administrativa, 165 en la de Investigaciones, 76 en la de Docencia, 47 en la de Bienestar, 76 en la Rectoría, 16 en Bellas Artes, 11 en Jurídicas, 10 en Económicas, 4 en Nutrición, 34 en Farmacia, 3 en Ingeniería, 9 en Básicas, 9 en Arquitectura, 12 en Humanas y 12 en Educación. Es decir, 423 en el subnivel central y 120 en las facultades.
De acuerdo Figueroa Molina, 3 funcionarios de la Universidad controlan “el 62% de las redes clientelares para mantener un poder secuestrado políticamente. Este es el modelo perverso”.
Son ellos: la Rectora (e) Rafaela Vos, $3.045 millones (24%); la Vicerrectora de Docencia, Clara Fay Vargas Lascarro, $2.467 millones (20%) y el Vicerrector de Investigación, Extensión y Proyección Social, Luis Carlos Gutiérrez Moreno, $2.201 millones (18%).
Del mismo modo advirtió que el 20.4% de la contratación ha sido otorgada a estudiantes, por valor de $1.068 millones, y de inmediato detalla las diferentes formas de vinculación con algún tipo de interés para la administración de la Universidad:
-Personal vinculado a la Universidad que apareció en el chat donde se coordinó la agresión física al representante estudiantil: Francisco Echeverry (chat ‘Grupo Antimamerto’), Ernesto Acevedo, Frank Soto, Renzo Támara, Carlos Ortiz, Frank Borelly y Álvaro Navarro.
-Personas contratadas que fueron representantes a cuerpos colegiados: Franklin Ortega, Henry Molina y señora (Yullitsa Pereira), Leonardo Pereira y Viviana Ortega.
-Personas con dos ó más contratos: William Manjarrés (2); Juan Carlos Farero (7); Armando Peña (2); Jorge Marún (2) y Ricardo Cera (2).
-Súper contratos: María Eugenia Córdoba, Efraín Múnera, Alfonso Díaz, Lina García, Ricardo Camargo De Fex, Julieth Tirado, Patrocinio Olivares, Patricia Hurtado, Rúgero Ramos, Edgardo Barrios, Mariana Guillén y Reinaldo Torres.
-Personas vinculadas reconocidas en el sector político: Armando Peña, Leonardo Pereira y Lina García.
-Personas contratadas provenientes del Elefante II (parque Tecnológico): Patricia Hurtado, Luis J. Rodríguez y Ricardo Camargo.
Personas contratadas familiares de personal docente: Harry Arroyo Olarte y Fabricio Caicedo.
Igualmente, califica como “contratos de objetos estrambóticos”, todos ellos suscritos por la actual Rectora Rafaela Vos Obeso, los siguientes:
-El 000109, con Jesika Royero Meza, por 33 millones 555 mil 212 pesos, para “prestar los servicios profesionales a la Facultad de Nutrición y Dietética para la proyección y ejecución de las actividades académico – administrativas al interior de un programa académico, en término amplio del saber y específico en nuestra institución”.
-El 000110, con Luisa Pretelt Mayorga, por 21 millones 571 mil 200 pesos, para “prestar servicios en la Facultad de Nutrición y Dietética para brindar apoyo en las actividades académico – administrativas desarrolladas en los programas adscritos a la Facultad”.
-El 000111, con Tania Isabel Varela Pedroza, por 33 millones 555 mil 212 pesos, para “prestar los servicios profesionales a la Facultad de Nutrición y Dietética para la proyección y ejecución de las actividades académico – administrativas al interior de un programa académico, en término amplio del saber y específico en nuestra institución”.
Del mismo modo detalla otros contratos que considera irregulares:
-Personas que fueron despedidas y vueltas a contratar: William Manjarrés, Alfonso Díaz, Jorge Marún, María Eugenia Córdoba y Rúgero Ramos.
-Profesores contratados, que laboraron desde julio hasta noviembre 6 de 2016, sin vinculación laboral alguna: Luis Del Valle, Wendy Torres, Yamile Borrero, Marta Linares, Alejandro Navarro y Alberto Herrera.
Advierte que el empleado Roberto Jiménez “fue reintegrado judicialmente hace 3 años, se le remunera y nunca ha venido a trabajar”.
Además, denunció la negación del registro calificado de la Maestría de Farmacia Clínica, mediante Resolución del Ministerio de Educación 21091 del 8 de noviembre de este año, por incumplimiento de todas las condiciones.
“La contratación por OPS es excesiva, costosa, ineficiente y obedece a criterios políticos. Satisface los apetitos burocráticos del modelo de rector interino. La administración y el Consejo Superior no han tenido la voluntad política de reformar la estructura de cargos administrativos, solamente para mantener el perverso modelo. Con el modelo actual de gestión, la Universidad del Atlántico jamás podrá salir de la crisis financiera, de la 550 y no se acreditará institucionalmente. La contratación actual no obedece a necesidades reales de la institución por cuanto encierra duplicación de funciones y actividades”, sostiene.
Por ello, propuso dotar a la Universidad de una estructura de cargos moderna que soporte los procesos de calidad y simultáneamente resuelva los siguientes problemas: déficits de cargos, desnivelación salarial, alto número de contratistas y problemas judiciales.
Todo ello de acuerdo con “el levantamiento y análisis de los procesos administrativos críticos de cada área; análisis de los perfiles y experiencia necesaria para cada cargo; una nueva estructura de cargos que sea aprobada por el Consejo Superior y comience a implementarse como una planta moderna, eficaz, eficiente (en los estándares de las universidades públicas acreditadas) y que responda a los procesos misionales de la Universidad”.
El oscuro panorama de la contratación general y de OPS en la Universidad del Atlántico reflejaría el resultado de una prolongada interinidad en la Rectoría y la retoma del peligroso rumbo del caos administrativo, especialmente por parte de sus dos últimos rectores encargados: Rafael Castillo Pacheco y Rafaela Vos Obeso.
El gobernador Eduardo Verano De la Rosa, como presidente del Consejo Superior, y los entes de control tienen la palabra.
