El Juzgado 16 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el abogado Carlos Felipe Morales, representante del Ministerio de Educación, dentro del proceso relacionado con el restablecimiento de derechos de Silvia Gette Ponce en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe.
La acción buscaba dejar sin efectos la decisión que ordenó el restablecimiento de derechos de Gette Ponce, adoptada inicialmente por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que le permitió retomar su cargo como rectora de la institución.
En su análisis, el Juzgado 16 concluyó que la tutela no era procedente debido a que el Ministerio de Educación contaba con un recurso de apelación en trámite ante el superior funcional, mecanismo que fue considerado como la vía ordinaria idónea para resolver el conflicto.
El despacho judicial señaló que la acción constitucional no cumplía con el requisito de subsidiariedad, al existir un recurso judicial activo que podía resolver de fondo la controversia.
“La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante cuenta con el recurso de apelación como mecanismo ordinario idóneo y eficaz”, indicó el juez en el fallo, al agregar que no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara su uso transitorio.
Como consecuencia de la decisión, el juzgado ordenó levantar la medida provisional emitida el pasado 14 de abril, la cual había suspendido temporalmente los efectos de la decisión del 8 de abril que favoreció a Gette Ponce.
El proceso se deriva de una decisión previa del Juzgado Segundo Penal Municipal, que ordenó el restablecimiento de derechos de Silvia Gette Ponce, al considerar que habría sido víctima dentro de un proceso relacionado con presuntas irregularidades en la Universidad Autónoma del Caribe en 2013, en el que se investiga a Ramsés Vargas Lamadrid y exintegrantes del consejo directivo por supuesta manipulación de actas y estatutos.
Según la investigación, dichas actuaciones habrían permitido la designación de Vargas Lamadrid como rector sin el cumplimiento de requisitos, además de la salida de Gette Ponce del cargo. Los implicados no aceptaron cargos tras la imputación de la Fiscalía.
Con esta decisión, el caso continúa su curso en sede de apelación, mientras se mantiene vigente el restablecimiento de derechos ordenado inicialmente por la autoridad judicial competente.
