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Defensoría del Pueblo alerta sobre crisis en el acceso a medicamentos en Colombia

Iris Marín, advirtió en Barranquilla que el acceso a medicamentos presenta un grave deterioro y que las quejas por vulneración del derecho a la salud podrían superar los dos millones este año.

En el marco de la audiencia defensorial “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados”, la defensora del pueblo, Iris Marín, advirtió sobre el preocupante deterioro del acceso a los medicamentos en el país y el aumento de quejas y tutelas por vulneraciones al derecho a la salud.

Durante el encuentro, realizado en la Universidad de la Costa, la Defensoría del Pueblo presentó un análisis con enfoque territorial que evidencia la agudización de esta problemática en los últimos años.

Según la Encuesta de Calidad de Vida del DANE 2024, cerca del 40 % de los encuestados manifestaron que no pudieron acceder o solo accedieron parcialmente a sus medicamentos. Los departamentos con mayor gasto de bolsillo, es decir, donde las personas deben comprar sus medicamentos, son Guaviare (35,6 %), Arauca (35,12 %), Putumayo (26,69 %), Tolima (25,68 %) y Huila (25,09 %).

El informe también destaca que, entre enero y agosto de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud recibió 1.340.851 quejas, y se proyecta que al cierre del año la cifra supere los dos millones de reclamos, el número más alto en los últimos años.

Ante este panorama, la defensora insistió en la necesidad de una reforma que atienda los problemas estructurales y coyunturales del sistema de salud.

“El país requiere una transformación profunda para garantizar el derecho a la salud y evitar que millones de colombianos sigan enfrentando barreras para acceder a sus medicamentos”, señaló Marín.

Entre los factores estructurales y coyunturales identificados se destacan:

  • Bajas capacidades en la prestación de servicios farmacéuticos en amplias zonas del país y fallas derivadas del cambio de gestores farmacéuticos, sobre todo en EPS intervenidas.
  • Barreras administrativas y burocráticas que obstaculizan la continuidad de los tratamientos médicos.
  • Falta de transparencia financiera en EPS, IPS y gestores farmacéuticos, lo que genera desconfianza y posibles riesgos de corrupción.
  • Retrasos en los pagos y deudas acumuladas, que alteran la cadena de prestación de servicios y afectan la disponibilidad de medicamentos.
  • Distorsiones en la cadena de suministro farmacéutico, donde el canal comercial privado gana terreno frente al institucional, encargado de los medicamentos de alto costo.

La Defensoría del Pueblo reiteró que es urgente atender las fallas coyunturales, pero sin aplazar las transformaciones estructurales que garanticen un sistema de salud transparente, equitativo y sostenible.

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