Ante las advertencias de la comunidad sobre la posibilidad de que se registren algunos casos de reclutamiento forzado de menores de edad en el Atlántico, la Defensoría Regional del Pueblo empezó a realizar las investigaciones pertinentes y se solicitó el apoyo necesario de las autoridades en el departamento.
No se ha confirmado nada todavía, pero se escucharon algunas voces de la comunidad en Luruaco y Repelón sobre sobre la posibilidad de que se registre este fenómeno social. “Ante esto la Defensoría del Pueblo envió un oficio al Ministerio del Interior para poner en conocimiento las advertencias ciudadanas”, indicó Eduardo Mogollón, coordinador de Derechos Humanos en el Atlántico.
El funcionario fue claro en expresar que entidades como la Policía y los organismos de seguridad no tiene conocimiento de ninguna queja oficial sobre esto.
De otra parte, se indicó en materia de derechos humanos que se activó la ruta de protección en 41 casos de denuncias sobre amenazas a líderes sociales en el departamento.
