El Alcalde es la primera autoridad de policía en términos políticos: es su obligación asegurarse que la policía cumpla con su labor de vigilancia y control, dotándola en equipamientos de movilidad infraestructura y comunicaciones, dijo Guillermo Polo, ex secretario del Interior.
Explicó que en ese sentido, en el de la vigilancia, debe cuidar y responder por el control de los delitos ordinarios inherentes a todo centro urbano; refiriéndose a los hurtos a personas, los hurtos a residencia, comercio y transporte público. “Asegurar la vigilancia de policía que prevenga y controle, la violencia interpersonal, las lesiones personales, las riñas callejeras. Lograr la tranquilidad en los barrios de mayor afectación”, puntualizó.
Sin embargo, dijo que el problema es que lo que hoy vivimos en todo el país, con delitos que provienen del crimen organizado como la extorsión y los homicidios selectivos (sicariato), pasa por el desmantelamiento de estas estructuras a partir de funciones reservadas a entidades del orden Nacional: organismos de inteligencia, mejorar las capacidades del sistema penal (jueces y fiscales), hacer los cambios en la política criminal para golpear, por ejemplo las finanzas de estos grupos con entidades como la Dian y otras encargadas de perseguir el lavado de activos.
“Estas son competencia de entidades del orden nacional: los Alcaldes y Gobernadores no tienen como cambiar la legislación ni nombrar jueces y fiscales con los que hoy cuenta la rama judicial, que es una cifra ridícula frente a lo que tiene que atender cada despacho, en promedio cada juez de control de garantías o de conocimiento; o cada fiscal, ordinario o especializado, debe atender en promedio 1000 casos cada año”, sostuvo Polo.
Añade que “lo que hemos querido señalar, no hoy, sino hace mucho tiempo, es que el Estado, en esos niveles en donde están fijadas la competencia legal y administrativa, han hecho todo menos priorizar los servicios de justicia. No hay sino que mirar las cárceles nuestras”.
Enfatizó que cuando habla de Estado, no se refiere al Gobierno Nacional como cabeza de la rama ejecutiva; sino a las tres ramas del poder público: ejecutivo, la rama judicial y el Congreso. “El asunto de no tener una política de Estado, orientada a combatir estas llamadas bandas criminales tiene ya muchos años, por eso cada día toman más fuerza y ganan más control. El narcotráfico es un monstruo que cada día crece más, por eso señalamos que es urgente no politizar el asunto, si no entenderlo”, dijo el ex secretario del Interior.
“Ojalá desde el consejo de política criminal, instrumento del Ministerio de justicia, se invitase a Gobernadores y Alcaldes a esa discusión. Mientras más tiempo pase, mayor será la afectación para la población”, finalizó.
