Se registró un nuevo y preocupante capítulo en la controversia al interior de la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea), tras la cuestionada expulsión del fiscal de la junta directiva Alberto Ortiz Saldarriaga.
Pese a existir una medida cautelar que suspende los efectos de dicha expulsión, los directivos que conforman la mayoría que controla el sindicato no solo decidieron desconocer la decisión judicial, sino que, además, el presidente de la asociación amenazó a quienes solicitaron al Ministerio del Trabajo la inclusión de Ortiz Saldarriaga en el Registro Sindical, en cumplimiento de la orden judicial.
La denuncia
Los directivos denunciaron graves amenazas proferidas públicamente en la tarde del 4 de diciembre de 2025 en la sede sindical por parte del presidente de Adea, Carlos Noriega Pertuz, en contra del fiscal de la asociación, Alberto Ortiz Saldarriaga, y de los dirigentes Eduardo Castillo Bertel, Germán Espinosa Dueñas, José Luis Castillo Pérez y Everaldo Escorcia de la Hoz.
Según los denunciantes, ante diversos testigos y usando vulgaridades, epítetos y gritos, Noriega Pertuz se dirigió a José Luis Castillo Pérez con expresiones como:
“…no saben lo que se les viene pierna arriba… me dejo de llamar Carlos Noriega, si ese HP entra… soy capaz de hacer lo que sea y me dejo de llamar Carlos Noriega si él entra aquí a esta vaina… aquí no pueden hacer lo que les da la gana… me importa un carajo, pero que pase lo que quiera pasar, pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y lo que sea, pero ese MLPRD no entra más aquí”.
Registro sindical y desacato a la justicia
Los hechos se originaron luego de que, por petición de los directivos amenazados, la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo expidiera el Registro Sindical 451 del 4 de diciembre de 2025 (ver enlace), en cumplimiento de la medida cautelar proferida el 7 de noviembre por el Juzgado Primero Civil del Circuito, que suspendió provisionalmente los efectos de la Resolución 001 del 22 de julio de 2025, mediante la cual la Asamblea General de Delegados decidió expulsar a Ortiz Saldarriaga como afiliado y fiscal, cargo al que fue democráticamente elegido el 31 de julio de 2024.
La solicitud de los directivos se produjo ante la negativa de algunos miembros de la junta, encabezados por Noriega Pertuz, quienes optaron por desacatar la decisión judicial, pese a lo dispuesto en el artículo 298 del Código General del Proceso y a los requerimientos enviados por Ortiz Saldarriaga desde el 12 de noviembre (ver enlaces correspondientes). Ante ese desacato, sostienen, se configuró el presunto delito de fraude a resolución judicial.
Los directivos señalaron que no existe ninguna investigación penal o disciplinaria en su contra por acatar la decisión judicial, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 32 (numerales 3 y 4) del Código Penal y en los artículos 38 y 39 de la Ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario).
Denuncia penal y medidas de protección
Debido a la gravedad de los hechos, los dirigentes amenazados interpusieron denuncia penal y obtuvieron de la Fiscalía General de la Nación una medida especial de protección. Asimismo, responsabilizaron al directivo señalado por cualquier agresión o atentado que pueda cometerse contra ellos o contra sus familias.
Cabe recordar que, poco antes de la persecución iniciada contra el fiscal, Ortiz Saldarriaga había denunciado la existencia de un complot y amenazas en su contra el 8 de mayo de 2025.
