Luego de una visita de acompañamiento realizada en la mañana de este martes a la Institución Educativa Técnica Agropecuaria La Candelaria, en el municipio de Ponedera, y de sostener reuniones en la sede sindical con el rector y docentes del plantel, la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) solicitó al secretario departamental de Educación, Leyton Barrios, una reunión urgente para buscar soluciones consensuadas ante el deterioro del clima laboral que afecta a esta comunidad educativa y, en consecuencia, a la población estudiantil.
La organización sindical recordó que en la más reciente reunión con el secretario se le solicitó adoptar medidas administrativas urgentes para poner fin a la situación de inestabilidad y conflicto, requerimiento que ADEA considera sigue siendo necesario.
Eduardo Castillo Bertel, presidente de ADEA, lamentó que el problema haya escalado y calificó como inconcebible que contra varios docentes se adelanten procesos de perfilamiento y persecución.
El dirigente tildó de mensaje negativo los procesos disciplinarios emprendidos desde la Oficina de Quejas y Control Disciplinario Interno de la Gobernación del Atlántico contra los docentes Luis Pacheco, Manuel Lara y Rubén Maldonado, a quienes expresó su solidaridad y el respaldo del sindicato. Además, hizo un llamado al gobernador Eduardo Verano De la Rosa y al secretario de Educación para propiciar una pronta salida dialogada a esta problemática.
Castillo expresó su sorpresa ante lo que los docentes califican como una intervención parcializada por parte de funcionarios, e instó a la Contraloría Departamental y a la Procuraduría a investigar de oficio las denuncias presentadas por padres de familia y estudiantes, con el fin de establecer si ha habido o no irregularidades en el uso de recursos públicos. “No es a ADEA a quien le corresponde determinar irregularidades, sino a los entes institucionales encargados de ello”, enfatizó.
Finalmente, Castillo reiteró la necesidad de buscar e implementar soluciones rápidas que permitan garantizar la continuidad del servicio público educativo, sin que se afecte el derecho a la educación de los jóvenes del municipio.
