A través de un comunicado, el colectivo Acción Ética Docente expresó su preocupación por un posible rebrote de COVID-19 y pidió no tomar decisiones apresuradas para la presencialidad en las aulas de clases, con el fin de evitar generar riesgos innecesarios en Barranquilla y el Atlántico.
«Expresamos nuestra preocupación y responsabilizamos a las autoridades administrativas del Atlántico y Barranquilla frente a cualquier rebrote innecesario y por la consecuente afectación que coloque de nuevo en riesgo la salud, la calidad de vida y hasta la vida misma del personal de la educación, por decisiones apresuradas y sin sentido diferente al de congraciarse con un gobierno que quiere vender la imagen de que en Colombia no pasa nada, justo cuando estamos a tan solo 4.467 personas de convertirnos en el quinto país del mundo con más casos, por debajo sólo de países que multiplican nuestra población actual por 6.4, 27, 4.1 y 2.8 veces», expresa el comunicado.
Añade que «con altas tasas de deserción, cuyos guarismos reales hasta hoy nos ocultan, no se justifica, desde una lógica racional, apresurar procesos de reincorporación al trabajo presencial de rectores, directivos docentes y funcionarios administrativos de las Instituciones Educativas de carácter oficial del Departamento del Atlántico como se hace en la Circular 0033 del 15 de septiembre de 2020 y, mucho menos, que se amenace con inicios de procesos de abandono de cargo. Creer que se es responsable al no convocar a personas con incapacidades o comorbilidades es no entender que el virus ha impactado incluso a personas sanas y jóvenes. Expresar que tampoco se convocará a los mayores de 70 años, es una muestra, además, de absoluto desconocimiento a nuestra normatividad laboral vigente, por no llamarlo una burla».
«Tampoco consideramos responsables y mucho menos pertinente que se acepte, que ciudades como Barranquilla se incluyan dentro de los 5 entes territoriales escogidos por el ICFES para adelantar una experiencia piloto de presentación de las Pruebas Saber 11 donde los estudiantes podrán presentarse en sus propios colegios y bajo cuidado de los docentes de planta de esas instituciones. Tanto una como otra propuesta pretenden abrir un boquete para un retorno a una presencialidad sin garantías para el derecho fundamental a la vida y sentar las bases para la violación de la palabra comprometida por la Gobernadora y el Alcalde de Barranquilla, en el sentido que en 2020 no habría retorno a las aulas», continúa el comunicado.
Añaden que en esa misma intencionalidad que rechazamos, por fomentar una para-institucionalidad, está la implementación de estrategias por parte de la capital del departamento que demeritan el esfuerzo de rectores, coordinadores y docentes de sus instituciones, por detectar y rescatar estudiantes al margen del sistema educativo, apelando a la contratación de «caminantes» para materializar lo que (se infiere a priori y subjetivamente) la escuela y sus miembros no han querido o no han podido hacer.
Precisa además que «tampoco es de recibo y antes nos parece una falta de respeto hacia la autonomía de la comunidad educativa, que desde la Oficina de Calidad de la Secretaría de Educación Distrital se gestionen convenios interinstitucionales con la rectoría de la Universidad del Atlántico, para a través de su Facultad de Educación, implementar con estudiantes de licenciatura, en calidad de prácticas, procesos pedagógicos presenciales y ajenos a la realidad escolar y/o que no consultan los PEI y, además, sin supervisión de parte de los docentes de planta del Distrito».
Señala además que ya cada institución desde su parte directiva y docente viene adelantando planes de recuperación de los aprendizajes que hacen innecesario que se tome como «carne de cañón» o como «conejillos de indias» a las nuevas generaciones de maestros y maestras en formación solo desde el afán de demostrar, a no se sabe quién, que se está haciendo algo y de ejercer una indebida presión social para una reapertura de las escuelas para la que aún no estamos preparados.
«Consideramos que en las actuales circunstancias, no hay generar riesgos innecesarios que den al traste con lo que la ciudad y el departamento han logrado en materia de confrontación de los efectos indeseables de la pandemia. Para ACCIÓN ÉTICA DOCENTE todos los esfuerzos y todos los recursos públicos deberían estar focalizados hacia dar cumplimiento a los artículos 45 de la ley 115/94 y 28 de la ley 715 de 2001 como lo planteamos en propuestas y carta al Alcalde que se hicieron públicas», puntualiza el comunicado.
