Continúa la polémica por el anuncio del Distrito de iniciar el regreso a clases presenciales a través de la modalidad de Alternancia.
A raíz de las recientes declaraciones públicas del Alcalde Distrital de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, sobre la implementación de la alternancia en esta Capital y de la respuesta que a las mismas se diera por parte de la ADEA, el Colectivo Magisterial Acción Ética Docente realizó un nuevo pronunciamiento en el que le piden al mandatario distrital respuestas sobre las inversiones realizadas en las escuelas oficiales en infraestructura y protocolos de bioseguridad requeridas para prevenir el COVID-19.
El siguiente es el. Pronunciamiento completo:
Desde hace 8 meses (marzo) se adoptó la decisión sensata de suspender clases presenciales en función de evitar una más rápida propagación del COVID 19. Posteriormente, en el mes de junio, en una transmisión en vivo del Alcalde con los rectores a su cargo (https://youtu.be/rzBFBI652Ng) se ratificó tal decisión bajo el argumento de que no existían condiciones para la alternancia.
Hoy cuando la prensa registra la aprobación en primer debate del proyecto de presupuesto de la ciudad, el mensaje del Alcalde encaminado a construir confianza entre los docentes no debería ser el de las promesas sino el de las respuestas concretas de cómo se ha aprovechado todo este tiempo para dar a la totalidad de las escuelas condiciones de bioseguridad mínimas que garanticen el valor fundante y supremo de la vida de docentes, estudiantes y padres de familia, a quienes pretende conducírseles inconsulta y unilateralmente a la alternancia.
También debería estar hablándose a los docentes y ciudadanos sobre cuáles son, a nivel presupuestal, las medidas excepcionales adoptadas para garantizar recursos suficientes y necesarios para adaptar toda nuestra infraestructura escolar a una nueva realidad que ya no es sorpresa y que ha otorgado el tiempo suficiente para, de manera diligente, adoptar políticas públicas que conviertan a la institución escolar en un espacio seguro tanto para niños, niñas y adolescentes como para sus padres y los educadores.
Pensamos, que no es sobre la base de expresar buenas intenciones como debe persuadirse a las comunidades educativas que una alternancia, sin infraestructura adecuada y la bioseguridad derivada de ella, pueden ofrecer garantías de que no se nos conduzca hacia la muerte. Si las condiciones de higiene y salubridad en la escuela no han logrado posibilitar hasta ahora ni la erradicación de flagelos tangibles como el de los ftirápteros, ¿cómo se puede ser tan irresponsable de salir a vender la idea de que con lo que tenemos y sin cambiar nada podemos hacer frente a un peligroso e invisible virus como el del COVID-19?
Si ni siquiera una prestigiosa y reconocida industria farmacéutica con sede en la ciudad, con todos sus estrictos protocolos de bioseguridad pudo evitar que el virus los penetrara ¿qué se puede esperar de escenarios como el de nuestras escuelas en dónde no se ha implementado nada que siquiera se parezca medianamente a lo que hacía esta importante empresa por evitar el virus entre adultos responsables. ¿Qué podría suceder con niños y adolescentes sin consciencia, la mayoría de las veces, de la noción de riesgo?
No olvidamos, que desde 2008 y durante 12 años la prensa ha registrado anuncios multimillonarios de inversión en infraestructura educativa que no se han visto reflejados en la totalidad de nuestras instituciones. En 2009, por ejemplo, se publicitaron inversiones por 100 mil millones en 100 escuelas públicas del Distrito. Después, en enero de 2018, para solo citar dos ejemplos, se anunciaron 343 mil millones adicionales. Nos preguntamos: ¿Se compadece entonces que todas las cerca de 156 instituciones públicas no cuenten aún con una planta física que brinde u ofrezca garantías para la vida?
Consideramos además, que los gobiernos locales, no deben cohonestar con la ruptura del principio de suficiencia hacendística agenciado desde el poder central y en virtud del cual el gobierno nacional no puede descargar o descentralizar responsabilidades sobre los entes territoriales evadiendo el deber de proveerles los recursos suficientes para atenderlas.
A propósito de esto último, los recién anunciados 5.930 millones de pesos para atender las delicadas responsabilidades de la alternancia equivalen a 3,8 millones mensuales para instituciones que en muchos casos atienden a más de mil estudiantes. Ello reduce lo invertido por estudiante matriculado a 190 pesos por día, insuficientes e impensables para proveer y garantizar tapabocas individuales y mucho menos alcohol a nuestros niños y jóvenes estudiantes.
Insistimos en que la opción para garantizar el derecho fundamental a la educación con carácter universal no pasa por arriesgar la vida de ninguno de los actores del proceso educativo. Tal visión es inadmisible e irresponsable. La deserción escolar, como el COVID, no son problemas que puedan afrontarse desde peligrosos facilismos irresponsables.
La opción, mientras se construyen condiciones de bioseguridad que no surgen de la nada es inversión pública. Inversión en optimización de toda la infraestructura escolar; inversión en nombramientos de más docentes para transitar de un modelo de educación masificada que propicia el hacinamiento a uno personalizado que propicie la calidad. Inversión, mientras tanto, en provisión de herramientas tecnológicas e internet gratuito y de calidad.
Sobre esto último no nos hemos quedado en los reparos sino que hemos hecho propuestas como las formuladas al alcalde el 1 de mayo de 2020, respondidas de manera escueta (https://n9.cl/aedoc9) y otras sobre viabilidad y posibilidades de financiación de conectividad para los estudiantes (https://n9.cl/aedoc6) (https://n9.cl/aedoc7).
