El Gobierno nacional declaró oficialmente la Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo ‘Corazón del Mundo’, una figura de protección ambiental que cubre 1,5 millones de hectáreas de la Sierra Nevada de Santa Marta – Gonawindúa. La resolución fue entregada por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez Torres, con el objetivo de fortalecer la conservación, restauración y preservación de este ecosistema estratégico para el país.
Sierra Nevada, territorio libre de nuevas actividades extractivas
La resolución establece que en la zona protegida no podrán otorgarse nuevos títulos mineros, contratos de exploración o explotación de hidrocarburos ni licencias ambientales para actividades extractivas. La medida busca garantizar la protección de los recursos naturales y evitar intervenciones que puedan afectar la integridad ecológica de la Sierra Nevada.
“Esta reserva es un legado para el mundo. Estamos diciendo que en el Corazón del Mundo no se hará minería ni explotación de hidrocarburos porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio”, afirmó la ministra Vélez.
No obstante, las restricciones no aplicarán a los títulos mineros y concesiones que ya se encuentren vigentes, según precisó el Ministerio de Ambiente.
Protección ambiental y reconocimiento a los pueblos indígenas
La decisión también reconoce la importancia de la Sierra Nevada como regulador hídrico y climático de la región Caribe, además de su papel como fuente de numerosos ríos que abastecen poblaciones, sistemas productivos y ecosistemas estratégicos.
Asimismo, la declaratoria exalta el valor cultural y espiritual que este territorio representa para los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, quienes consideran la Sierra Nevada como el ‘Corazón del Mundo’, un espacio donde naturaleza, territorio, cultura y espiritualidad forman un sistema interconectado.
Actividades productivas y proyectos comunitarios seguirán permitidos
La creación de la reserva no implica restricciones para actividades como la agricultura, la ganadería, el turismo, el ecoturismo, el turismo comunitario y cultural, así como para el comercio y la prestación de servicios.
De igual forma, podrán desarrollarse obras de infraestructura relacionadas con vivienda, educación, salud, saneamiento básico, servicios públicos y mejoramiento de vías, entre otras intervenciones orientadas al bienestar de las comunidades.
La medida no afecta la propiedad privada ni la autonomía territorial
El Ministerio de Ambiente aclaró que la resolución no modifica la propiedad privada, ni limita los procesos de formalización de tierras o de constitución de zonas de reserva campesina. Tampoco altera las competencias de las autoridades indígenas, ambientales o territoriales en materia de administración y planificación.
Con esta declaratoria, el Gobierno busca consolidar un modelo de conservación que combine la protección ambiental con el reconocimiento de los derechos de las comunidades que habitan este territorio considerado uno de los ecosistemas más importantes y biodiversos de Colombia.