La Agencia Nacional de Tierras -ANT- denuncia con profunda preocupación el aumento de hostigamientos, amenazas y presencia de grupos armados ilegales contra funcionarios en varios territorios, donde se adelantan procesos de recuperación, adquisición y formalización de predios en el marco de la Reforma Agraria.
En particular, la Agencia aseguró que ha identificado riesgo inminente en cinco fincas ubicadas en los municipios de Puerto Boyacá, La Dorada y Cimitarra, donde el ‘Clan del Golfo’, bajo la influencia de alias ‘Botalón’, estaría ejerciendo presiones para frenar la intervención del Estado en predios asociados históricamente a estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo.
«Los grupos armados se están activando porque estamos llegando a los predios de exnarcos y paramilitares. Sabemos que hay un riesgo real de despojo violento. Por eso, le solicito de manera urgente a la Policía Nacional que tome medidas inmediatas. ¡Los intereses paramilitares no pueden amenazar la Reforma Agraria en el Magdalena Medio!», afirmó Felipe Harman, director nacional de la ANT, quien también señaló que el avance en la labor de la agencia está siendo recibido con acciones de intimidación y control territorial ilegal.
Agregó que el riesgo no se limita a una región. En municipios como Unguía, en el Chocó, Necoclí, San Pedro de Urabá, Mutatá, Cáceres, Tarazá, Caucasia, Turbo, Remedios y Sonsón, en Antioquia, y San José de Uré, en Córdoba, la presencia del ‘Clan del Golfo’, así como de otros actores armados como «Los Mellizos» y grupos paramilitares, ha derivado en amenazas directas contra topógrafos, evaluadores y funcionarios de la agencia.
En varios de estos casos, según la denuncia, los operativos han debido suspenderse tras advertencias armadas y la imposición de «fronteras invisibles» en territorios que deberían estar al servicio del campesinado y las víctimas del conflicto armado.
Advierte que la situación es crítica en predios del Fondo de Reparación para las Víctimas, que por medio de un convenio se busca entregar tierras como parte de los procesos de justicia transicional.
«Las amenazas no solo impiden la labor técnica y administrativa, sino que perpetúan el despojo y no permiten que las tierras recuperadas por el Estado lleguen a quienes por derecho les pertenecen. En el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, el denominado «plan pistola» ha paralizado por completo la presencia de funcionarios durante más de dos semanas», añadió.
En el marco de los procesos de compra y verificación de predios en Magdalena Medio administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se han presentado también graves dificultades de orden público.
En el municipio de Yondó, en Antioquia, funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras fueron notificados por la alcaldía municipal sobre un retén del ELN que bloqueaba su paso hacia 1.759 hectáreas que debían ser verificadas.
De igual forma, en Remedios y Puerto Nare, la presencia del ‘Clan del Golfo’ ha hecho imposible la visita a más de 2.000 hectáreas por motivos de seguridad. Específicamente, en el municipio de Remedios, cuidadores de los predios (presuntamente vinculados a estructuras criminales) exigieron la salida del equipo de la ANT que estaba llevando a cabo la revisión de 805 hectáreas, y en zona rural de Puerto Nare no ha sido posible el ingreso a 1.254 hectáreas por una alerta de seguridad relacionada con el ‘Clan del Golfo’.
*Con información de la Agencia Nacional de Tierras
