Mediante un auto fechado el 21 de enero de 2026, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla, a cargo del juez Norberto Gari García, requirió a la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) para que dé “inmediato y estricto cumplimiento” a la medida cautelar decretada el 7 de noviembre de 2025.
Dicha medida suspendió provisionalmente la Resolución 001 del 22 de julio de 2025, expedida por la Asamblea General de Delegados de ADEA, mediante la cual se decidió la expulsión de Alberto Ortiz Saldarriaga, fiscal elegido democráticamente por la Asamblea General de Afiliados el 31 de julio de 2024. Según el proceso judicial, la decisión habría sido adoptada con presunta violación al debido proceso.
El juzgado dejó claro que no existe sustento jurídico para que los directivos del sindicato se aparten del cumplimiento de la orden judicial, descartando argumentos como la supuesta suspensión automática de la medida cautelar por la interposición de un recurso de apelación o la necesidad de convocar nuevamente a la Asamblea de Delegados para acatar el fallo.
El pronunciamiento se produjo tras seis escritos presentados por el demandante, en los que se puso en conocimiento del despacho el presunto desacato por parte de la organización sindical. De acuerdo con el juzgado, esta conducta podría configurar el delito de fraude a resolución judicial, así como una falta grave al Código Disciplinario Único, atribuible a los directivos que han omitido cumplir la orden.
Por la inobservancia de la decisión judicial, varios directivos de ADEA enfrentan actualmente una denuncia penal ante la Fiscalía 27 Local por fraude a resolución judicial, además de una queja disciplinaria en curso en la Procuraduría General de la Nación.
Pese a ello, los directivos señalados han manifestado públicamente que no procedería acción penal ni disciplinaria en su contra, al considerar que sus actuaciones estarían amparadas por la libertad y autonomía sindical. Asimismo, de acuerdo a testigos, estos directivos han expresado su confianza en que el recurso de apelación contra la medida cautelar, que se encuentra en estudio de la magistrada Carmina Elena González, del Tribunal Superior, será resuelto a su favor.
