Los Juzgados Administrativos de Barranquilla ordenaron nuevos embargos y el bloqueo de cuentas bancarias de la Gobernación del Atlántico, dentro de procesos por responsabilidad extracontractual que se extienden por más de una década, informó la firma Torres Law Services.
El caso se origina en aproximadamente 250 demandas relacionadas con actuaciones administrativas adelantadas en 2014 en la Secretaría de Educación Departamental, las cuales habrían generado perjuicios económicos al apoderado judicial Javier Torres Velásquez y a su núcleo familiar.
Según la firma, el Tribunal Administrativo del Atlántico ha proferido más de 17 fallos condenatorios contra el Departamento, decisiones que han sido respaldadas por instancias superiores de la jurisdicción contencioso-administrativa, incluida la mayoría del Consejo de Estado.
Pese a anuncios previos —según la firma— mal difundidos por la Gobernación del Atlántico sobre decisiones de tutela que evitarían nuevos pagos, la realidad jurídica es otra: las sentencias continúan en contra del Departamento. El Tribunal Administrativo del Atlántico sigue condenando bajo los conceptos emitidos por la mayoría del Consejo de Estado, razón por la cual los fallos permanecen en firme y los jueces continúan oficiando a las entidades bancarias para hacer efectivos los pagos ordenados judicialmente.
Finalmente, el director jurídico de Torres Law Services, Pedro Torres Olivares, señaló que se mantiene la disposición para explorar una salida conciliada, conforme a la Ley 2220 de 2022, otorgando descuentos y beneficios al Departamento con el fin de poner término definitivo al litigio.
