Trabajadores del liquidado Damab y de otros sindicatos protestaron frente a la Alcaldía Distrital cuestionando la legalidad del procedimiento de reestructuración y señalando que esta decisión le costará a los barranquilleros 22 mil millones de pesos y el pago de una nómina transitoria de 250 millones de pesos mensuales.
Así lo manifestó Antonio Marshall, presidente del sindicato, quien dijo además que los funcionarios que fueron capacitados en Corea para la operación de los equipos de medición de la calidad del aire fueron desvinculados, lo que deja sin ejecución este monitoreo.
Marshall también asegura que la liquidación del Damab es ilegal, pues se hizo de manera extemporánea toda vez que las facultades para hacerlo debían ser por 6 meses y no por 11 meses como lo hiciera el Concejo en su momento.
