La empresa Triple A reveló la magnitud del delito de defraudación de fluidos en el Atlántico, al reportar la detección de más de 34 mil conexiones ilegales entre enero de 2024 y lo corrido de 2026.
De acuerdo con el informe, entre enero de 2024 y diciembre de 2025 se identificaron 32.018 irregularidades, con la recuperación de cerca de 4 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a más de 21 mil millones de pesos. Este volumen permitiría abastecer durante casi dos años a un municipio como Ponedera.
En lo que va de 2026, la problemática persiste. La compañía ha detectado 2.110 irregularidades adicionales, que representan 446 mil metros cúbicos de agua y pérdidas cercanas a 2 mil millones de pesos, suficientes para abastecer por dos meses a un municipio como Santo Tomás.
El gerente general de Triple A, Ramón Hemer Redondo, advirtió sobre el impacto directo de estas prácticas:
“El agua que se pierde por una conexión ilegal es agua que deja de llegar a una familia, a un negocio, a una comunidad que tiene el derecho de recibir el líquido con presión, calidad y continuidad”.
Casos relevantes en Soledad, Barranquilla y Ponedera
Entre los hallazgos más significativos, se destacan varios casos en Soledad, donde fueron detectadas conexiones ilegales en establecimientos comerciales como lavaderos, restaurantes, billares y estaciones de servicio. Uno de ellos registró pérdidas por más de 4.500 metros cúbicos, equivalentes a $36,7 millones.
En Barranquilla, se identificaron irregularidades en negocios ubicados en barrios como La Sierra, San Felipe y Colombia, incluyendo un expendio de carnes, un parqueadero con lavadero y la Clínica San Martín, con pérdidas que superan los 2.400 metros cúbicos en uno de los casos.
En zona rural, en Ponedera, se evidenciaron conexiones ilegales en predios como la Finca Asturias, con pérdidas cercanas a 9.000 metros cúbicos, una de las cifras más altas del año, así como en una granja piscícola reincidente bajo vigilancia permanente.
Acciones legales y control
Triple A informó que, tras cada detección, se realiza la normalización del servicio, el cálculo del consumo no facturado y la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía.
El delito de defraudación de fluidos está tipificado en el Código Penal colombiano y contempla penas de prisión de 16 a 72 meses, además de sanciones económicas.
Finalmente, la empresa reiteró el llamado a la ciudadanía para que denuncie conexiones ilegales y contribuya a la protección del recurso hídrico, al tiempo que anunció que continuará intensificando los operativos en el Atlántico para garantizar la legalidad y sostenibilidad del servicio.
