En un hecho sin precedentes, 5 de los 11 directivos de la Asociación de Educadores del Atlántico -ADEA- decidieron, induciendo a error a funcionaria del Ministerio del Trabajo, tomarse el control del sindicato y convertirse en personajes tristemente célebres para la historia del sindicalismo al decidir expulsar, con absoluta violación del debido proceso y haciendo gala de una enorme capacidad de abuso y arbitrariedad, a Alberto Ortiz Saldarriaga, quien en las elecciones de hace un año obtuvo democráticamente la segunda más alta de votación entre los maestros (610 votos).
La increíble historia comenzó a fraguarse cuando tras ser desplazados por una nueva mayoría de 6 directivos de los cargos de dirección en el sindicato, el pasado 16 de mayo 2025, los afectados -de la manera como un mago saca un conejo de un sombrero- decidieron revivir y presentar ante el Ministerio de Trabajo, 2 meses después, un acta de junta directiva vieja (mayo 7 de 2025) con la que lograron que una Inspectora de Trabajo les devolviera a una minoría de 5 el control del más importante sindicato de educadores de la región Caribe (11 mil afiliados)
Una vez restituidos y colocados en situación de preminencia sobre los otros 6 directivos (mayoría) decidieron inventarse en cuestión de horas una Asamblea de Delegados, integrada por militantes de sus sectores sindicales, con la misión de quitarles la piedra en el zapato en que, desde sus posturas críticas y de fiscalización, se les había convertido para sus aspiraciones de controlar las finanzas del sindicato el directivo Alberto Ortiz.
No obstante, a los delegados a los que se les convocó bajo engaño para actuar como jueces de segunda instancia se les ocultó deliberadamente que la decisión de primera instancia de fecha julio 24 de 2024, adoptada por directivos que actúan como jueces y parte, había sido revocada en posterior Junta Directiva Ordinaria efectuada en junio 27 de 2025 (ACTA 026) y plasmada en la Resolución de Revocatoria 004 de la misma fecha.
Con solo 5 directivos presentes de un total de 11, la reunión de una especie de moderno tribunal de la inquisición decidió, más allá de la arbitrariedad y el abuso cometido contra Ortiz Saldarriaga, emprenderla también contra el resto de miembros de su lista cremallera a la cual de un plumazo también eliminaron en una inexistente instancia única con el objetivo de impedir que cualquiera de sus integrantes ocupara la Fiscalía y en el propósito, quizás, de posicionar como nuevo fiscal a la tercera mayor votación representada por Henry Rada Varela. Jugada maestra, sin lugar a duda, para quienes aspiran a recuperar las tres firmas con que se giran los cheques en ADEA.
Ahora los cinco directivos, contra los que cursa denuncia penal ante la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública de la Fiscalía General de la Nación, presentada curiosamente por Ortiz, no estarán solos ante el Fiscal que conoce del caso, pues acaban de arrastrar, junto con ellos, a quienes nunca entendieron que les era vinculante u obligatorio como servidores públicos el artículo 29 Constitucional, el artículo 398 del CST y el artículo 23, numeral 1 (literal b) y 2 (inciso final) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica de noviembre 22 de 1969, el cual forma parte de nuestro bloque de constitucionalidad al ser incorporado al orden interno por la Ley 16 de Diciembre 30 de 1972.
Intereses políticos
En diálogo con Emisora Atlántico, el educador Alberto Ortiz consideró que detrás de su expulsión hay intereses políticos.
Denunció que con la decisión, «las viudas del poder» en ADEA buscan imponer como fiscal a Henry Rada y mantener el silencio frente a diversos temas del Magisterio, entre ellos el relacionado con la salud.
Agregó que algunos directivos de ADEA se visten de “izquierda”, pero obedecen a otros intereses políticos.