El director territorial para Atlántico y Magdalena de la Unidad de Restitución de Tierras, José Humberto Torres, advirtió que en el departamento del Atlántico persisten graves dificultades de seguridad que afectan el avance de los procesos de restitución de tierras, especialmente en zonas costeras donde operan estructuras vinculadas al narcotráfico.
El funcionario explicó que, aunque durante el actual gobierno se han logrado avances importantes en la inscripción de solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas, las amenazas contra funcionarios y comunidades continúan siendo uno de los principales obstáculos.
“Persisten hoy amenazas todavía. Esta mañana justamente tuvimos un consejo de justicia transicional y estamos evaluando el concepto de seguridad. Lo que podemos establecer es que efectivamente aún persisten problemas de seguridad para la restitución de tierras en el departamento del Atlántico”, señaló Torres.
De acuerdo con el director territorial, las mayores complicaciones se presentan en la zona costera del departamento, donde históricamente han operado corredores utilizados para el tráfico de narcóticos.
“Hemos tenido dificultades de seguridad en el departamento del Atlántico, en particular en la zona costera donde persiste un control todavía de bandas dedicadas al narcotráfico. Ese fue un corredor utilizado y sigue siendo utilizado para la extracción de narcóticos”, afirmó.
Torres reveló que durante el año pasado intentaron adelantar labores de caracterización en algunos sectores, pero las amenazas obligaron a suspender las actividades y solicitar apoyo desde el nivel central para proteger al personal de la entidad.
“El año pasado intentamos hacer un trabajo de caracterización y no logramos culminarlo por las amenazas que recibimos. Nos tocó pedir al nivel central que asumiera el control para salvaguardar la seguridad de los funcionarios”, indicó.
El funcionario también insistió en la necesidad de fortalecer el acompañamiento de las fuerzas de seguridad para garantizar el ingreso a varios territorios donde deben adelantarse procesos de restitución y proyectos productivos para las víctimas.
“Tenemos acompañamiento directo de la Policía, pero no del Ejército. El lunes tuve una reunión con el viceministro de Defensa planteando la necesidad de que tengamos un acompañamiento directo, porque los jueces lo reclaman”, sostuvo.
Según Torres, actualmente existen procesos colectivos de restitución en municipios como Repelón, Baranoa y Puerto Colombia, así como en sectores del litoral y la zona costera del departamento. Estos procesos beneficiarían a cerca de 7.000 personas, principalmente comunidades étnicas y afrodescendientes.
El director territorial reconoció además que, tras 15 años de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, los avances han sido lentos debido a la falta de capacidad judicial.
“Tenemos apenas tres jueces para los departamentos y un solo tribunal con tres magistrados para cubrir más de dos departamentos. Necesitamos ampliar el número de jueces y magistrados para lograr una justicia más pronta y eficaz”, manifestó.
Pese a las dificultades, Torres destacó que durante el actual gobierno se logró revertir la tendencia negativa que venía registrando el proceso de restitución en Atlántico y Magdalena.
“La buena noticia es que durante este gobierno hemos revertido la tendencia y hemos avanzado significativamente en garantizar los derechos de las víctimas”, puntualizó José Humberto Torres.
