La Procuraduría General de la Nación pidió a la alcaldesa de Bogotá y a los gobernadores de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Huila, Santander, Tolima y Valle del Cauca, la adopción de medidas urgentes para hacer frente a las altas cifras de maltrato infantil presentadas durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
En carta enviada a los mandatarios departamentales, el Ministerio Público hizo un llamado a la priorización de acciones que permitan hacer frente a «una realidad injusta, que denota descuido por parte del entorno familiar a los menores de edad”.
Advirtió que, según datos suministrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con corte al 5 de noviembre, en Valle del Cauca se han presentado 1.257 casos de amenazas o vulneración de derechos de los menores; Bolívar registra 247 casos y el Atlántico 234.
En cuanto a las cifras de solicitudes de restablecimiento de derechos, instrumento para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante su inobservancia, amenaza o vulneración, Atlántico ocupa el quinto lugar con 4.124 casos, y Bolívar el décimo con 2.460.
La Procuraduría pidió a las administraciones la elaboración de un plan estratégico de prevención, protección y mitigación, dirigida a evitar que los derechos de los menores continúen en riesgo.
