La Procuraduría pidió garantizar los derechos fundamentales de dignidad humana, salud, igualdad y acceso efectivo a la administración de justicia de las 492 personas Privadas de la Libertad, quienes se encuentran recluidas en las salas de retenidos o centros de detención transitorios de las estaciones de Policía y URI de Barranquilla y su área metropolitana.
Por medio de una acción de tutela, el Ministerio Público solicitó que se le ordene al INPEC, USPEC, las cárceles de Mediana Seguridad y el Buen Pastor de Barranquilla, así como el Establecimiento de Reclusión Especial y el Centro de Rehabilitación Masculino de la ciudad, la Gobernación del Atlántico y alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Puerto Colombia y Galapa, adoptar las medidas necesarias para contrarrestar las condiciones inhumanas y degradantes que padecen.
El órgano de control realizó una inspección en las estaciones de Policía y URI, donde constató la grave situación de hacinamiento y vulneración de derechos, puesto que no cuentan con instalaciones para su oportuna atención médica, aseo personal, ni visitas conyugales, familiares o de su defensa.
La Procuraduría evidenció que la mayoría de las personas privadas de la libertad llevan recluidas más de 36 horas en las URI, con lo que se ha transgredido lo previsto en el artículo 28A de la Ley 65 de 1993.
Según el ente de control el número de custodios de la Policía Nacional encargados de vigilar estos centros resulta insuficiente, por lo que se ha elevado el riesgo de fuga y ataques contra la integridad física de los servidores.
El Ministerio Público cuestionó el trato discriminatorio que reciben los reclusos de las salas de retenidos de las estaciones de Policía, no solo por la orientación sexual de algunos de ellos, sino porque a la fecha no están vacunados contra el Covid-19.
