El rector de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, presentó una solicitud de revisión ante la Corte Constitucional para que se pronuncie sobre el fallo de tutela interpuesto por el exvicerrector Álvaro González.
Castillo Pacheco, además, expresó su preocupación por dos fallos recientes originados en juzgados del municipio de Puerto Colombia.
De esta manera, elevó un llamado urgente a los organismos de control del Estado para que pongan la lupa sobre una serie de decisiones judiciales emitidas por despachos de ese municipio. Según el directivo, estas determinaciones, que ordenan la revinculación de funcionarios, estarían poniendo en jaque la autonomía universitaria y la estabilidad administrativa de la institución.
El rector solicitó formalmente que la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional revisen los procesos de tutela que han favorecido a exservidores públicos de la universidad.
El debate sobre la autonomía y la función pública
El eje de la preocupación del rector radica en que decisiones administrativas ordinarias, propias del manejo de cualquier entidad estatal, están siendo revertidas por la vía judicial. Castillo señaló que se trata específicamente de la desvinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, cuya estabilidad depende de la confianza y no de una carrera administrativa.
“Queremos presentar nuestra preocupación por procesos que se surten ordinariamente en el seno de la función pública. Decisiones que se están tomando por parte de juzgados de Puerto Colombia para revincular a servidores públicos”, manifestó el rector.
Para el directivo, esta situación abre un debate jurídico sobre hasta dónde llega la capacidad de la justicia para intervenir en las decisiones internas de un ente autónomo.
En juego la estabilidad institucional
El rector vinculó esta problemática con el mandato de estabilización que ha recibido del Gobierno nacional. Según explicó, estas decisiones judiciales interfieren con la hoja de ruta trazada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, para organizar y sanear la universidad.
“¿Cuánto se pone en juego la autonomía universitaria? ¿Cuánto se pone en juego la capacidad de ordenar?”, cuestionó Castillo Pacheco, al advertir que la imposición de reintegros por tutela dificulta el cumplimiento de la meta de estabilización institucional del alma mater de los atlanticenses.
