A través de un pronunciamiento público, un representativo número de rectores del Distrito de Barranquilla entró a terciar en lo que respecta a la anunciada intencionalidad del ente territorial para implementar un modelo de alternancia educativa en el año 2021.
Los directivos docentes en correspondencia con lo ya señalado por el Colectivo Acción Ética expresaron que «para la programación de las actividades presenciales las instalaciones físicas de las escuelas deben… brindar garantías, y no mínimas sino máximas, de bioseguridad.
Los rectores advirtieron en su pronunciamiento, además, que obviar y/o pasar por alto la inversión y adecuación de las escuelas, puede generar «mayores factores de exposición para quienes dentro de la formula (esto es, docentes y administrativos) no alternarán sino que estarán expuestos al trato con grupos diferentes y por tanto a elevadas y peligrosas cargas virales'».
En el pronunciamiento también se advierte, «que la realización de un derecho, en este caso la educación de niños, niñas y adolescentes, no puede hacerse con menoscabo de otro, en este caso, el derecho fundamental a la vida como valor fundante del Estado Social de Derecho y por ende con prevalencia constitucional sobre el derecho a la educación», señalando a renglón seguido, que «así lo dejó perfectamente establecido el constituyente del 91 cuando en una escala de importancia, en el propio artículo 44 Superior, situó la vida, la integridad física y la salud como derechos preferentes»
Los rectores también fueron enfáticos al señalar que «El estado no puede… plantear una alternativa y deslindarse de sus responsabilidades transfiriéndolas… no puede transferirse ni en los directivos docentes ni en los docentes responsabilidades cuyo ejercicio constituiría una extralimitación de funciones. Adecuar la precaria infraestructura escolar… frente a las exigencias de la pandemia y… proveer garantías y elementos de bioseguridad a los miembros de la comunidad educativa escapa de nuestras limitadas posibilidades», señalaron.
Para los servidores públicos «no es dable… aceptar que se nos deleguen responsabilidades que rebasan nuestras posibilidades y que adicionalmente nos constituyen en sujetos que tendríamos que responder ante las jurisdicciones disciplinarias, penal y civil, frente a lo que pudiera ocurrir en términos de constituirse las instituciones que regentamos en foco de propagación de la pandemia.»
Sobre este aspecto específico los rectores anunciaron para este viernes una transmisión en vivo donde el perito legal Joshua Germano, desde Bogotá, disertará sobre las implicaciones legales que podrían sobrevenir para los rectores en cuyas instituciones se produzcan procesos de afectación y muerte de docentes, estudiantes y padres de familia a consecuencia del COVID-19.
Los rectores finalmente destacaron que las multimillonarias inversiones que ha efectuado el Distrito durante los últimos 12 años no han llegado a todas las instituciones, por lo que un número significativo de las mismas aún «no cuenta con condiciones uniformes de modernidad y comodidad en lo que respecta a sus plantas físicas» por las que un número nada despreciable dispone «como mínimo, de baterias sanitarias adecuadas y un número suficiente de lavamanos en términos de lo dispuesto por la NTC 4595».
