El experto en temas de salud, Ulahy Beltrán, precisó que los 85 mil millones de pesos que debe pagar la Superintendencia de Salud no corresponden a una multa, sino a las acreencias que dejaron de pagar las EPS liquidadas y que ese ente debía vigilar.
Beltrán López se refirió de esta manera al fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, que confirmó la sentencia proferida por el juez 13 civil de esta capital dentro del proceso ejecutivo instaurado por la grupo de 36 IPS del país, contra la Superintendencia Nacional de Salud.
«Estos recursos corresponden a atenciones realizadas mediante contratos demostrables durante las fases de intervención y liquidación de esas EPS», cuando estaban en cabeza de agentes designados por la Superintendencia.
Explicó que, de acuerdo a lo fallado por el Tribunal, la Supersalud debe responder de manera solidaria por las actuaciones de las EPS, porque era esta entidad la que autorizaba su operación, generaba la habilitación de las mismas y colocaba a las personas que estuvieron al frente de estas durante los procesos de intervención y liquidación.
La Superintendencia, con su actuación omisiva, afectó a los hospitales y clínicas del país, expresó
Beltrán indicó que el fallo se encuentra debidamente ejecutoriado.
