El Tribunal Administrativo del Atlántico abrió un incidente de desacato contra directivos del Instituto Nacional de Vías (Invías) por el presunto incumplimiento de la orden de cierre del antiguo puente Pumarejo (Laureano Gómez), medida dictada desde octubre de 2025 por motivos de seguridad.
La decisión cobija a Carlos Andrés Mendoza Rondón, subdirector de Gestión Integral de Carreteras del Invías; Fabián Ernesto Arango Pineda, director regional en Magdalena; y Arnulfo Arias Sáenz, director territorial en Atlántico.
El Tribunal les ordenó rendir un informe en un plazo de 48 horas sobre las acciones adelantadas para cumplir la medida cautelar que exigía impedir el tránsito peatonal y vehicular mediante la instalación de barreras, señalización y otros mecanismos de cerramiento.
La solicitud de desacato fue presentada por la Personería de Barranquilla el pasado 5 de febrero, al considerar que tanto Invías como el Ministerio de Transporte no han acatado plenamente la orden judicial.
Según el Ministerio de Transporte, se han realizado acciones coordinadas como instalación de señalización preventiva, operativos de control, patrullajes y comparendos a quienes intentan cruzar el puente. Además, indicó que ha articulado esfuerzos con la Policía y la Alcaldía de Barranquilla para garantizar el cierre.
Por su parte, el Invías aseguró haber adelantado medidas como la socialización con la comunidad, instalación de señalización y adquisición de elementos para el cerramiento, aunque aclaró que no tiene facultades de control policivo.
La entidad también reconoció que la oposición de habitantes del corregimiento de Palermo ha dificultado la instalación total de las barreras, obligando a solicitar acompañamiento de la fuerza pública.
No obstante, el Tribunal concluyó que las acciones no han sido suficientes, ya que persiste el uso del puente por parte de la comunidad, lo que evidenciaría el incumplimiento de la medida.
Con la apertura del incidente, la autoridad judicial busca determinar la posible responsabilidad de los funcionarios por no garantizar el cierre efectivo de esta infraestructura, considerada de alto riesgo.
