Zonacero.com y Atlántico en Noticias conocieron en primicia la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que suspende el cobro de la contribución de valorización en la vía Barranquilla – Cartagena – Circunvalar de la Prosperidad.
Esto tras admitir una acción popular presentada por el senador Carlos Meisel y decretar la medida cautelar solicitada por el accionante.
El congresista argumentó su solicitud de medida cautelar en que se iban a vulnerar el derecho colectivo a la moralidad administrativa, puesto que no «se elaboró ni publicó un censo predial técnico y actualizado, que la metodología para determinar la base gravable no fue debidamente socializada, y que el proyecto fue presentado como doble calzada, pero en más del 60% fue ejecutado como calzada sencilla».
La acción popular fue coadyuvada por los Distritos de Barranquilla y Cartagena, las Gobernaciones del Atlántico y Bolívar, y los municipios de Malambo, Puerto Colombia y Santa Catalina.
Tesis del Tribunal
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo argumentó la suspensión de la Contribución Nacional de Valoración en que debe garantizar que la etapa de «socialización se lleve a cabo en el contexto de una audiencia pública conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 489 de 1998».
Durante dicha audiencia se deberán dar a conocer los aspectos técnicos fundamentales relacionados con la definición de la zona de influencia, la tarifa aplicaba, la base gravable y otros elementos esenciales para determinar el cobro del gravamen.
El Tribunal ordenó al Ministerio de Transporte e Invías la «cesación inmediata de la actuación (…) hasta que haya decisión de fondo sobre lo pretendido en la acción popular, y sin detrimento que se vayan dinamizando mesas de trabajo, estudios técnicos y participación de expertos, autoridades regionales y la ciudadanía, a fin de encontrar una solución menos lesiva para los afectados y el servicio público que se pretende garantizar».
Según el Tribunal, la metodología para determinar el valor del cobro «no ha sido debidamente socializada» y recalcó que solo el 65% de la obra no es doble calzada.
Actualmente el cobro de valorización se encuentra en su segunda etapa, es decir, en la implementación, y desde el 7 de diciembre de 2024 se ha venido divulgando información a través de plegables, reuniones en los municipios y dando a conocer las bases jurídicas que lo sustentan, apunta el juez, que consideró esta divulgación falta de información.
Señala que de manera explícita se debe explicar lo relacionado con la aplicación y distribución, la destinación del recaudo y la zona influencia.
