El Juzgado Primero Civil del Circuito de Barranquilla declaró que la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) incumplió una medida cautelar vigente, en perjuicio de los derechos de Alberto Ortiz Saldarriaga, y le otorgó un plazo improrrogable para acatar la orden judicial.
La decisión quedó consignada en un auto fechado el 21 de abril de 2026, en el que el despacho recordó que la medida había sido decretada inicialmente el 7 de noviembre de 2025, ratificada el 21 de enero de 2026 y posteriormente confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en su Sala Civil-Familia, el 6 de marzo de 2026.
La orden judicial estableció la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 001 del 22 de julio de 2025, emitida por la Asamblea General de Delegados de ADEA. Según el juzgado, esta decisión implicaba la cesación de todas las consecuencias jurídicas derivadas de dicho acto, así como la restitución de la situación al estado previo, incluyendo el ejercicio pleno de los derechos del demandante.
No obstante, el despacho concluyó que tanto los delegados como la junta directiva del sindicato no acataron la medida cautelar. Entre las evidencias analizadas, se indicó que la junta directiva, en reunión extraordinaria del 15 de abril de 2026, decidió no reincorporar a Ortiz Saldarriaga, pese a la vigencia de la orden judicial.
Para el juzgado, esta actuación demuestra que la organización tenía la posibilidad material de cumplir con la orden, pero optó por no hacerlo. En consecuencia, advirtió que el incumplimiento podría dar lugar a la imposición de sanciones.
La determinación se produce cinco meses después de emitida la medida cautelar y a un mes del fallo de primera instancia, que fue anunciado para el próximo 21 de mayo de 2026.
Además, el pronunciamiento judicial podría tener implicaciones disciplinarias y penales para miembros de la directiva de ADEA, quienes enfrentan una queja ante la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico y una denuncia por presunto fraude a resolución judicial ante la Fiscalía General de la Nación. En estos procesos también podrían resultar vinculados algunos delegados del sindicato.
