4.200 defensores públicos siguen sin pago por falta de giro de recursos de Minhacienda

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió sobre afectaciones a la autonomía presupuestal y alertó que el presupuesto de 2026 será menor al de este año.

4.200 defensores públicos siguen sin pago por falta de giro de recursos de Minhacienda

Un total de 4.200 defensores y defensoras públicas no recibieron el pago de sus honorarios antes de Navidad debido a que el Ministerio de Hacienda no giró los recursos, según confirmó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

La funcionaria explicó que, pese a haber agotado todos los procesos de planeación y las actuaciones administrativas que le correspondían a la entidad, no fue posible cumplir con los pagos a los contratistas. “No tuvimos los recursos para el pago oportuno, a pesar de haber realizado todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría del Pueblo”, señaló.

Marín Ortiz enfatizó que la Defensoría del Pueblo hace parte esencial del sistema de justicia, al garantizar el acceso a la representación judicial de las personas que no cuentan con recursos económicos. En ese contexto, destacó la carga laboral que enfrentan los defensores públicos.

Cada defensor y defensora pública lleva más procesos de los que es razonable. Aun así, son un grupo lleno de vocación, entusiasmo y decisión de servicio”, afirmó.

La defensora del Pueblo aseguró que la entidad seguirá insistiendo ante el Gobierno nacional para que se realice el giro de los recursos y advirtió sobre posibles violaciones a la autonomía presupuestal consagrada en la Constitución.

Además, alertó que el presupuesto asignado para 2026 será menor al de 2025, pese a que los recursos para el pago de los contratistas ya estaban comprometidos en la ley de presupuesto.

Entre las muchas preocupaciones que me genera esta situación, me surge una duda: ¿qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”, cuestionó la funcionaria, al advertir el impacto que esta situación podría tener en la garantía del acceso a la justicia en el país.

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