La Fiscalía argumentó este miércoles festivo su solicitud de medida de aseguramiento contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD, y el contratista Luis Eduardo López por el escándalo de corrupción en esa entidad.
Uno de los puntos más importantes, según la Fiscalía, es que han encontrado situaciones irregulares en la recopilación de pruebas dentro de la Unidad.
«Por la modalidad de la contratación de la UNGRD no existe una digitalización de la información, no están subidas a la base de datos del Estado para la contratación pública, solo hay muestras de elementos en físico y estos documentos están siendo, según la Contraloría, desaparecidos», señaló la fiscal.
Son 69 las cajas de documentos que han desaparecido dentro de la UNGRD, las cuales están relacionadas a las contrataciones que tuvieron lugar en la fecha de los hechos ilegales que cometieron López y Pinilla con los 40 carrotanques de La Guajira, un contrato firmado por $46.800 millones, según la Fiscalía.
«En la UNGRD existen funcionarios o contratistas vinculados con la organización criminal que están desapareciendo o modificando material probatorio necesario para esta y otras investigaciones en curso».
El defensor de víctimas en representación de la UNGRD reveló que entre enero y marzo de este año se firmaron 21 contratos de prestación de servicio, de los cuales 12 habrían llegado por decisión de Pinilla. Todas ellos aún siguen ligados a la entidad.
Es por eso que la Fiscalía entiende que los fines constitucionales de obstrucción de la justicia y protección a la comunidad son válidos para solicitar la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Además, el ente acusador respondió a la defensa de Pinilla que por el riesgo de los procesados se hicieron estudios en centro penitenciarios para evitar la materialización del riesgo. Asimismo, los tres estarían en cárceles distintas, en caso de que el Juez 35 Penal de Control de Garantías de Bogotá los cobije con esta medida.
Olmedo López, Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero fueron imputados de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravado. No aceptaron los cargos.
La audiencia de medida de aseguramiento continuará el sábado 31 de agosto a las 8 de la mañana.
