Varios juzgados del país han admitido acciones de tutela presentadas por aspirantes afectados en el Concurso de Méritos FGN 2024 para el cargo de Fiscal Delegado ante Jueces Penales del Circuito Especializado, tras denuncias por presuntas irregularidades durante el proceso virtual de escogencia de plazas.
Las tutelas fueron radicadas en ciudades como Bogotá y Cúcuta, entre otras, y cuestionan el procedimiento adelantado por la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Carrera Especial, al considerar que se impusieron barreras tecnológicas que habrían impedido a varios concursantes ejercer efectivamente su derecho de selección.
Según los accionantes, aunque obtuvieron altos puntajes y posiciones favorables dentro de la lista de elegibles, enfrentaron dificultades técnicas durante las audiencias virtuales de escogencia, especialmente en el proceso de validación de identidad.
Entre las situaciones denunciadas figuran la denominada “regla de los tres minutos”, la habilitación tardía de cámaras y micrófonos, problemas con la visualización de las nuevas cédulas digitales y la falta de mecanismos alternativos de verificación.
De acuerdo con los aspirantes, estas fallas provocaron que el tiempo asignado para acreditar la identidad se agotara, pese a que existían otros canales habilitados para remitir la documentación requerida.
Hasta el momento, cerca de 15 concursantes han reportado situaciones similares, asegurando que las exigencias tecnológicas terminaron afectando el principio constitucional del mérito.
Las acciones judiciales sostienen que la Fiscalía convirtió una formalidad tecnológica en un obstáculo desproporcionado, vulnerando derechos relacionados con el debido proceso administrativo, la igualdad, la buena fe, la confianza legítima y el acceso a cargos públicos en condiciones de mérito.
Algunos despachos judiciales ya adoptaron medidas provisionales mientras se resuelve el fondo de las tutelas. Uno de los casos corresponde al Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, que suspendió las audiencias de escogencia de plazas realizadas los días 19 y 20 de mayo.
Los aspirantes solicitaron a los jueces declarar que, durante el proceso adelantado por la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía, se desconoció el principio constitucional del mérito mediante la aplicación rígida y desproporcionada de requisitos tecnológicos.
Finalmente, insistieron en que el acceso a cargos públicos mediante concurso debe regirse por criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y no por formalismos que puedan afectar derechos adquiridos dentro de un proceso competitivo y reglado constitucionalmente.
