El pasado 24 de febrero, el director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, solicitó a la Fiscalía General investigar a 36 Instituciones Prestadoras de Salud – IPS, por no contar con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.
La mayoría de estas IPS tienen su ubicación en la región Caribe, 28 están en Atlántico, 5 en Córdoba y 1 en Magdalena. Las IPS de Atlántico están ubicadas en Barranquilla, Malambo y Soledad.
El 12 septiembre de 2024, ADRES ordenó suspender los pagos a un total de 52 IPS que radicaron cuentas por más de 70 mil millones de pesos. Luego de auditorías realizadas desde 2023, se evidenció que no contaban con infraestructura física al momento de realizar visitas en terreno. A todas estas reclamantes se les solicitó demostrar su infraestructura para prestar servicios de salud.
De las 52 notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición y por tanto la suspensión de los pagos quedó en firme; a diez, que sí presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable. Tres más, están siendo notificadas.
Las alertas en la entidad se encendieron ante el aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico-quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito relacionados con vehículos sin SOAT o Fantasmas, dijo el director de la ADRES, Félix León Martínez, en su informe.
Las conclusiones que se presentaron a la Fiscalía son el resultado de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas contratadas en 2024 por la ADRES y un equipo interno de auditoría concurrente, capaces de validar las reclamaciones, junto a una labor de contrastación de la información por parte del Grupo de Innovación y Analítica de la entidad.
