La iniciativa que busca proteger, promover y garantizar el libre ejercicio de los derechos de los suscriptores y usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas, pasará de Comisión Sexta a la Plenaria de Cámara para continuar con su trámite.
Además, establece criterios para limitar la posición dominante de las empresas prestadoras de estos servicios, en lo relacionado a contratos de Servicios Públicos, elección del prestador, facturación, comercialización y demás asuntos referentes a la relación de estas empresas con el usuario.
La autora y ponente del proyecto, Martha Villalba, expresó que “los servicios en materia de energía y gas han sufrido una serie de modificaciones desde la expedición de la ley 142 de 1994. Hoy, ante esta situación, nos vemos en la necesidad de hacer unas modificaciones, un compendio de reformas que protejan a los usuarios. Este es un proyecto que recoge el sentir y la preocupación de nuestra gente caribe y sus ejes están fundamentados en la protección a los usuarios, la libre competencia -por cuanto hemos detectado que en materia de servicios públicos existe un monopolio por parte de estas empresas- y el servicio al cliente, que es fundamental para defender los derechos de los usuarios”.
La congresista Inés López, que también es ponente de la iniciativa, sostuvo que “en la constitución del 91, se habló de la liberación de los servicios públicos y eso nos llevó a lo que estamos hablando hoy que son los monopolios de las empresas prestadoras de servicios públicos. Estas empresas hacen lo que a bien les parece y el usuario final tiene que aceptarlo”.
Señaló, además, que lo que se busca “es establecer lineamientos para que las empresas prestadoras de servicios públicos tengan claro cuáles son las normas que tienen que regir en el momento de aplicarle todas las sanciones que aplican a los usuarios”.
Por su parte, la representante Sara Piedrahita, también autora de la propuesta, explicó que “existe un vacío jurídico grandísimo en la ley 142 y en las resoluciones de la CREG, en cuanto a la protección del usuario. Estamos hablando que estas son reglamentaciones de casi 20 años. Hoy con las nuevas condiciones de mercado, con los avances tecnológicos que se han tenido, hay un hueco grande. Muchos de los puntos en esta ley ya están obsoletos y hoy se evidencia que parte del abuso que se comete hacia los usuarios de los servicios públicos es precisamente porque no hay una reglamentación clara que esté ajustada al mercado actual”.
Así mismo, expresó que se han venido adelantando mesas de trabajo con el Ministerio de Minas, por lo que espera el apoyo no sólo de esta entidad sino del congreso en general.
“Esperamos que una vez se apruebe y se promulgue esta ley, los usuarios puedan contar con más herramientas y puedan estar más blindados al momento de su posición frente a las comercializadoras de energía y gas. Les doy un ejemplo muy puntual, nosotros estamos regulando, en este caso, los cobros de reconexión que muchas veces son injustos y estamos dando gratuidad bajo algunas circunstancias muy específicas con el fundamento técnico que deben tener y que en estos momentos cobran las comercializadoras y no deben cobrar”
