Desde Asocajas se ha manifestado que las cajas de compensación no pueden entrar a capitalizar una EPS en crisis sin claridad sobre tres variables críticas: estado financiero real, alcance de las obligaciones y reglas de participación futura.
“Volveríamos, entonces, a participar, pero ya sin control accionario… no sabemos qué entidad vamos a recibir”, advirtió Adriana María Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, en el Gran Foro de Protección Social.
Cabe mencionar que Asocajas no era accionista directa, sino que lo eran las cajas de compensación que agrupa. Estas concentraban el 50,1% de la participación en la entidad, mientras que el Gobierno tenía una porción minoritaria. Posteriormente, el Gobierno consolidó su posición como accionista mayoritario al alcanzar el 51%, tras la cesión de acciones por parte de Colsubsidio, Cafam, Compensar, Comfenalco Valle, Comfenalco Antioquia y Comfandi.
El punto más sensible es la capacidad de capitalización. Asocajas sostiene que las cajas de compensación no tienen margen para inyectar recursos a una entidad con deterioro acumulado, en un contexto donde el sistema de salud arrastra pérdidas multimillonarias.
Además del frente financiero, Asocajas plantea un problema de seguridad jurídica. Participar sin control accionario —como se ha sugerido en algunos escenarios— implicaría asumir responsabilidades sin capacidad real de decisión, sumado a la incertidumbre sobre el modelo de aseguramiento que impulsa el Gobierno, lo que dificulta proyectar la viabilidad de cualquier inversión o participación.
Para Asocajas, el principal obstáculo es la opacidad. Nueva EPS, la segunda aseguradora más grande del país, con 11,5 millones de afiliados (equivalentes al 22 % del sistema), no reporta información a los catálogos financieros de la Superintendencia Nacional de Salud desde el primer trimestre de 2024.
El más reciente informe de Así Vamos en Salud, basado en datos de la Superintendencia, revela que las EPS cerraron 2025 con un patrimonio negativo de $16,86 billones. El documento advierte que, un año después de haberse encendido las alertas, la situación persiste. La falta de información, especialmente en una entidad de peso como Nueva EPS, impide conocer el estado real del sistema y profundiza la incertidumbre.