Un atentado criminal dejó gravemente herido al secretario general del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) – Subdirectiva Palmira, Alejandro Caicedo Gavilán, en hechos ocurridos en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.
Caicedo Gavilán, quien además se desempeña como auxiliar administrativo de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Palmira, fue trasladado a un centro asistencial donde permanece en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras los médicos luchan por salvarle la vida.
Aunque las autoridades no han entregado mayores detalles sobre las circunstancias del ataque, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, condenó “con vehemencia” el hecho, al que calificó como un acto cobarde contra el movimiento sindical.
“Hoy lucha por su vida en una UCI, y nuestros pensamientos —los míos y los de todas y todos en el Ministerio del Trabajo— están con su familia, compañeros y seres queridos”, expresó el jefe de la cartera laboral.
Sanguino advirtió que atentar contra un líder social y sindical representa un golpe directo a la democracia, y subrayó la necesidad de adoptar medidas inmediatas de protección.
“Es vital garantizar de inmediato su seguridad y la de su entorno, así como avanzar con celeridad en la investigación para identificar y judicializar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen”, afirmó.
El ministro también fue enfático en señalar que el Gobierno no permitirá el resurgimiento de la violencia antisindical en el país.
Por su parte, el senador Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, informó que el dirigente sindical requiere atención urgente de un cirujano vascular, debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Desde el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, se hizo un llamado a las autoridades judiciales y de seguridad para que se adelante una investigación exhaustiva que permita capturar y sancionar a los responsables del atentado.
De manera preliminar, se conoció que Alejandro Caicedo no había reportado amenazas previas, lo que aumenta la preocupación entre organizaciones sindicales y de derechos humanos por la seguridad de los líderes sociales en la región.
