Con la imposición de todo tipo de medidas preventivas y correctivas en el último año, la Superintendencia Nacional de Salud extremó sus mecanismos de control sobre las EPS e IPS para que respondieran por los procedimientos, medicamentos y tratamientos solicitados por los usuarios durante esta pandemia, y adicionalmente desplegó toda su capacidad de inspección y vigilancia sobre el Plan Nacional de Vacunación.
Así lo aseguró el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas denominada “del lado de los usuarios”, que se desarrolló de manera presencial en el Hospital Universitario del Caribe, de Cartagena.
Al hacer un balance de la gestión en el periodo comprendido entre julio de 2020 y junio de 2021, el funcionario destacó que “Nunca paramos de supervisar a los actores y enfrentamos este desafío planteado por la emergencia sanitaria poniendo en marcha planes de contingencia y estrategias para mantenernos cerca de los usuarios y vigilantes de que se les prestara una atención con calidad y oportunidad”, expresó Aristizábal Ángel.
En ese sentido, recordó que en el último año cerca de 1.8 millones de usuarios pudieron acceder a mejores garantías de salud por el traslado que tuvieron luego de que la Supersalud ordenara la revocatoria total de 3 EPS (Ambuq, Comfacundi y Comfamiliar Cartagena) y la salida de Medimás en 4 departamentos, las cuales venían mostrando un deterioro progresivo de sus indicadores y ponían en riesgo la salud de los afiliados. Recientemente, también se ordenó la toma de posesión de la EPS Coomeva para salvaguardar la adecuada atención de sus afiliados en todo el país.
En materia de protección, en el último año la Superintendencia atendió más de 2.2 millones de solicitudes a través de sus canales, de las cuales más de 1´3 millones correspondieron a requerimientos de información y las restantes 928.114 fueron peticiones quejas, reclamos o denuncias (PQRD).
De estas PQRD, 267.000 fueron de adultos mayores, más de 72.000 de pacientes de alto costo, 122.000 por temas relacionados con Covid-19 y más de 1.200 relacionadas con la vacunación.
Los principales motivos de las quejas fueron las demoras en la asignación de citas de medicina especializada y en la entrega de medicamentos.
A través de la figura conocida como el Juez de la Salud, la Superintendencia emitió en el último año 3.316 sentencias, la mayoría de las cuales posibilitó a los usuarios acceder a tecnologías, tratamientos, operaciones quirúrgicas, servicios y medicamentos que los prestadores o aseguradores les negaban.
