El Estado colombiano reconoció formalmente su responsabilidad internacional en el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón, perpetrado en 1999, informó este lunes la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).
«Hemos tomado la decisión de aceptar de manera amplia la responsabilidad internacional del Estado por este atroz crimen contra Jaime Garzón», declaró Yebrail Haddad Linero, director de Defensa Jurídica Internacional de la Andje, en un comunicado oficial.
Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999 en Bogotá, cuando se dirigía a su lugar de trabajo. El crimen fue ejecutado por sicarios al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), bajo órdenes de Carlos Castaño, y con la participación de funcionarios estatales, entre ellos José Miguel Narváez, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quien fue condenado en 2018 a 30 años de prisión por su implicación.
Con 39 años, Jaime Garzón era una de las voces más críticas y reconocidas del país. Su programa de sátira política, ¡Quac! El Noticero, se convirtió en un espacio emblemático desde donde cuestionaba al poder, la corrupción y las injusticias con inteligencia y humor mordaz.
Haddad señaló que esta admisión se fundamenta en las violaciones de derechos humanos cometidas contra Garzón, entre ellos el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de pensamiento y expresión, así como las garantías judiciales, según lo consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El funcionario también lamentó que la prolongación injustificada de los procesos judiciales haya afectado profundamente a los familiares de la víctima, quienes durante años han exigido justicia y esclarecimiento total de los hechos.
«Este reconocimiento no alivia el dolor ni devuelve a Jaime Garzón, pero representa un paso clave hacia la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición», afirmó Haddad.
El asesinato del periodista fue declarado delito de lesa humanidad en 2016, debido a la participación articulada de actores estatales y paramilitares, por lo que el caso permanece vigente en la justicia colombiana.
