El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, anunció este martes que de los 33.352 proyectos que se han aprobado en el Sistema General de Regalías desde el 2012 a julio 15 del 2025 por cuantía de $106 billones de pesos, la Contraloría General le ha puesto la lupa desde el segundo semestre del año 2022 al primer semestre del 2025, a la asignación y ejecución de estos recursos, auditando a nivel nacional 1.789 proyectos por valor de $34.2 billones.
El Contralor General aseguró que “solo en la región Pacífica, entre 2022 y 2025 se han auditado 222 proyectos por valor de $1.9 billones, en donde se destaca Cauca, como el departamento con mayor valor de recursos auditados, con 46 proyectos por $553 mil millones. Seguido de este, el Valle del Cauca, donde se puso la lupa en 95 proyectos por $552 mil millones”.
También señaló que la Contraloría General ha centrado una parte fundamental de su gestión en el seguimiento a los proyectos aprobados por el OCAD Paz. Se han auditado más de 600 proyectos aprobados por este OCAD a nivel nacional, por un valor superior a los $6,8 billones.
Este robusto ejercicio de control fiscal a los proyectos aprobados por el OCAD Paz ha permitido identificar hallazgos con presunta incidencia fiscal, que en conjunto representan un posible detrimento al patrimonio público por un valor estimado de $633 mil millones. Estas cifras no solo evidencian el compromiso de la Contraloría con la vigilancia efectiva de los recursos en los territorios más afectados por el conflicto, sino también la importancia de continuar fortaleciendo los mecanismos de planeación, ejecución y seguimiento de los proyectos de alto impacto social.
El Contralor Rodríguez destacó que esta cifra hace parte de los resultados generales obtenidos a nivel nacional entre los años 2022 y 2025: “se han consolidado más de 1.100 hallazgos con incidencia fiscal por valor de $3 billones”.
Para el caso de la región Pacífico, en este mismo periodo, se han consolidado 178 hallazgos con incidencia fiscal por valor de $351 mil millones, como resultado del Plan Nacional de Vigilancia y control Fiscal y la atención a denuncias ciudadanas.
Los hallazgos más frecuentes evidencian fallas en la estructuración, formulación y presentación de proyectos de inversión, lo que genera mayores valores pagados, demoras e inclusión de ítems no previstos. Estas deficiencias se agudizan en la etapa precontractual por la falta de actualización de valores de mercado y el uso de estudios y diseños desactualizados, lo que vulnera el principio de planeación y deriva en obras inconclusas y en una gestión ineficiente de los recursos públicos.
A ello se suma la precariedad de estudios preliminares, que ocasiona incumplimientos técnicos y retrasos por la falta de gestión en la adquisición de predios y permisos. Igualmente, se presentan deficiencias de contratistas e interventorías en el cumplimiento de los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos, reflejadas en un bajo rigor de supervisión y control de calidad.
Todo lo anterior conlleva a la insostenibilidad de los proyectos, tanto por los constantes aplazamientos que impiden su continuidad, como por la desfinanciación originada en actividades no previstas que encarecen la ejecución. Así, se retrasa el cumplimiento de los objetivos y se reduce el impacto social esperado.
El Contralor finalizó indicando que el país carece de una ley de competencias clara, lo que perpetúa la dispersión de responsabilidades y convierte a las regalías en una caja menor para suplir lo que el Sistema General de Participaciones no cubre.
«Tenemos un compromiso histórico: garantizar que las regalías dejen de ser vistas como transferencias fragmentadas y se conviertan en verdaderos proyectos estructurales de desarrollo. La ausencia de una articulación nacional y territorial real ha limitado que los recursos de regalías se traduzcan en transformaciones profundas; se han destinado a pequeños proyectos sin impacto estructural, mientras las brechas sociales, económicas y productivas siguen abiertas y cada vez más profundas. Las regalías que no serán eternas, deben ser pensadas para fortalecer las ventajas comparativas de los territorios y crear regiones más competitivas con megaproyectos de integración regional», afirmó el Contralor.
Otras cifras destacadas
La Contraloría General ha consolidado hallazgos con incidencia fiscal por más de $351 mil millones, en los departamentos de Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Nariño, durante el periodo 2022 – 2025.
Las denuncias ciudadanas se consolidaron como una herramienta clave: entre 2022 y 2025 se recibieron 321 solicitudes, de las cuales 259 ya fueron tramitadas con respuesta de fondo a los peticionarios. Estas dieron lugar a que la Contraloría auditara 102 proyectos por más de $2,4 billones, identificando 62 hallazgos fiscales por $79.795 millones.
Durante la atención de estas denuncias ciudadanas, se han detectado los cinco principales hechos denunciados: irregularidades en la contratación estatal; la falta de transparencia en la gestión de programas sociales; uso indebido de los recursos del SGR con otras destinaciones; irregularidades en obras de infraestructura, no cumplimiento de los indicadores en proyectos del sector salud y fallas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Decisiones importantes
Entre el 1 de julio de 2022 y el 8 de agosto de 2025, la Contraloría ha proferido 19 fallos con responsabilidad fiscal por una cuantía superior a los $60 mil millones y ha proferido 27 imputaciones por una cuantía superior a los $32 mil millones.
Dentro de los fallos más destacados están el proyecto de “Construcción del sistema de masificación del gas natural de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto en Chocó”, por una cuantía superior de $18.333 millones; y la “Construcción del sistema de masificación de gas natural por redes en los municipios de Cértegui, Atrato, Novita, Cantón de San Pablo, Bagado y Andagoya Departamento del Chocó”, por una cuantía superior a los $6.426 millones.
Estas obras se encuentran inconclusas, abandonadas y no prestan ninguna utilidad a la comunidad ya que no han entrado en funcionamiento.
En materia de recaudo, la Contraloría ha recuperado $11.317 millones, provenientes de los fallos de procesos de responsabilidad en la Región Pacífica.
*Con información de Contraloría
