La Contraloría General de la República presentó el informe de seguimiento a los compromisos presupuestales, financieros y de contratación del Gobierno Nacional Central, con corte entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. El análisis evidencia riesgos que, según el ente de control, justifican la activación de la Función de Advertencia, en un contexto de presión sobre la caja del Gobierno, restricciones de financiación y aceleración de la contratación pública.
El informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios. Esta situación, según la Contraloría, demanda un seguimiento permanente para verificar que las obligaciones asumidas correspondan a una adecuada planeación financiera y presupuestal, así como a la capacidad real de ejecución y supervisión durante los cinco meses restantes de la vigencia fiscal.
La Contraloría identificó que, tras levantarse la Ley de Garantías, se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a $4,55 billones, lo que representa un incremento del 22,5 % frente al mismo periodo de hace cuatro años. Además, llamó la atención sobre la contratación directa, que supera los 11.000 contratos durante las últimas cuatro semanas, y advirtió riesgos contractuales y presupuestales en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior.
La advertencia recuerda que las finanzas públicas enfrentan restricciones derivadas del menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos, la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación, las necesidades adicionales de financiación y las presiones sobre la caja del Gobierno. En este escenario, la Contraloría enfatizó que cualquier aceleración de compromisos presupuestales, financieros o contractuales debe estar respaldada por la capacidad financiera efectiva del Estado y por una posibilidad real de ejecución.
Desde una perspectiva preventiva, la Función de Advertencia busca evitar que los riesgos identificados en los procesos presupuestales y contractuales en curso se materialicen en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio estatal y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales para los ordenadores del gasto.
Para la Contraloría, la gestión fiscal no se limita a la ejecución de recursos, sino que implica garantizar que cada decisión presupuestal sea sostenible desde el punto de vista financiero y jurídico. En ejercicio de sus competencias, la entidad señaló que tiene el deber de advertir oportunamente los riesgos que puedan afectar el patrimonio público y, de materializarse, adelantar las actuaciones de responsabilidad fiscal correspondientes.
La Función de Advertencia está dirigida al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda, en su condición de operador y gestor fiscal central del Presupuesto General de la Nación, y, por su conducto, a los ordenadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central.
