La Contraloría General de la República lanzó una alerta formal sobre los posibles impactos negativos de la Resolución 10 de 2025, expedida por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA), con la que se modificó la regulación del crédito de fomento agropecuario y rural en Colombia.
Según el organismo de control, la norma representa un escenario “jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgoso”, al generar incertidumbre regulatoria, pérdida de confianza en el sistema de crédito rural y exposición a contingencias financieras que podrían comprometer recursos del orden nacional.
Uno de los principales hallazgos señala que la resolución fue publicada sin contar con los estudios técnicos completos que debían sustentarla, lo que implica que ciudadanos y actores del sector agropecuario opinaron sobre una propuesta sin el respaldo analítico necesario.
Además, la Contraloría advirtió que la CNCA omitió solicitar el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), un requisito obligatorio cuando una regulación puede tener impactos sobre la libre competencia económica.
El organismo también alertó sobre un posible exceso de competencias por parte de la Comisión, al adoptar decisiones como la modificación de condiciones de los Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA) y la definición de tasas diferenciadas, lo que podría poner en riesgo la validez jurídica de la resolución.
Desde el punto de vista financiero, la advertencia señala que no se realizaron análisis de impacto sobre entidades clave como Finagro y el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), lo que podría afectar su estabilidad financiera. Asimismo, la medida podría reducir la capacidad del sistema para otorgar crédito, sin evaluar previamente su efecto en las tasas de interés y en el acceso al financiamiento de los productores del campo.
Ante este panorama, la Contraloría General de la República instó a la CNCA a revisar y adoptar medidas correctivas que permitan evitar la materialización de los riesgos advertidos y proteger los intereses públicos, así como la sostenibilidad del crédito rural en el país.
