La Contraloría General de la República reveló hallazgos fiscales por $8.839 millones tras una auditoría a la administración de bienes y sociedades en proceso de extinción de dominio que estuvieron bajo responsabilidad de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) durante las vigencias 2023, 2024 y el primer semestre de 2025.
22 hallazgos detectados
En total, el organismo de control estableció 22 hallazgos administrativos, de los cuales:
- 11 tienen presunta incidencia fiscal
- 17 presentan posible incidencia disciplinaria
Según el informe, se evidenciaron deficiencias en la administración de bienes, fallas en la ejecución de procedimientos de desalojo y debilidades en los mecanismos de supervisión a depositarios.
Fallas en contratos y arrendamientos
La auditoría identificó irregularidades en el manejo de contratos de arrendamiento de inmuebles, entre ellas:
- Contratos vigentes sin las pólizas exigidas.
- Subarriendos no autorizados.
- Aplicación de descuentos improcedentes.
- Falta de control sobre reparaciones y obligaciones contractuales de los arrendatarios.
Además, se evidenció insuficiencia en los controles para la elaboración de estimaciones de renta y en los procesos de comercialización y rendición de cuentas.
Debilidades en sistemas y procesos de enajenación
El ente de control también señaló fallas en los sistemas de información, lo que afecta el manejo de inventarios y la articulación entre áreas responsables.
En cuanto a la enajenación y chatarrización de vehículos, se detectaron demoras y pérdida de valor de los activos. Algunos automotores permanecen almacenados en patios por más de seis años, generando costos de bodegaje que ascienden a $1.090 millones entre 2021 y 2025.
Seguimiento y plan de mejoramiento
La Contraloría anunció que evaluará la efectividad de las acciones correctivas adoptadas por la SAE y realizará seguimiento al plan de mejoramiento que deberá implementar la entidad, con metas y medidas orientadas a subsanar las causas administrativas que originaron los hallazgos.
Con información de la Contraloría General de la República.
